Con el conteo oficial al límite, la ventaja de Roberto Sánchez sobre Rafael López Aliaga mantiene la expectativa nacional, mientras Keiko Fujimori aguarda confirmación de su rival para el 7 de junio.
El escrutinio oficial de las Elecciones Generales 2026 entra en su etapa definitiva. Al cierre de este viernes 8 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 99.210% de actas contabilizadas, consolidando una tendencia que posiciona a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como el rival de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para el balotaje. Sánchez registra 1,997,558 votos (12.011%), superando por un margen de 16,668 adhesiones a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien obtiene 1,980,890 votos (11.911%).
Con menos del 1% de actas por procesar (773 documentos), la ventaja de Sánchez parece firme frente a López Aliaga, mientras que Fujimori lidera cómodamente la tabla con el 17.161% de los votos válidos. El calendario electoral confirma que la segunda vuelta se realizará el próximo domingo 7 de junio, fecha en la que se definirá al mandatario para el periodo 2026-2031.
Transparencia y revisión de actas observadas
El sistema electoral ha priorizado la precisión a través de la labor de los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes han procesado 67,672 actas observadas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el 70% de estas incidencias ya fueron resueltas, destacando que el nivel de observación en la elección presidencial es significativamente menor al 9%, lo que ha agilizado el conteo en comparación con los comicios legislativos.
Para garantizar la legitimidad del proceso, se han llevado a cabo más de 2,200 audiencias públicas con la participación de personeros de diversas agrupaciones políticas. El JNE estima que los resultados oficiales al 100% serán proclamados a mediados de mayo, asegurando que cada voto sea contabilizado bajo estrictos estándares de fiscalización.
Cuestionamientos y validez del proceso
Pese al avance técnico, el candidato Rafael López Aliaga ha reiterado acusaciones de un presunto «golpe de Estado electoral», argumentando retrasos en la apertura de mesas en Lima como causal para anular el proceso.
Sin embargo, organismos como Transparencia han señalado que tales incidentes fueron aislados y no tienen capacidad de alterar el resultado final. La ONPE, por su parte, precisó que solo el 0.4% de las mesas a nivel nacional presentaron dificultades en su instalación, cifra que no compromete la integridad de la voluntad popular expresada en las urnas.
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