En curso virtual para comunicadores e informáticos sobre uso de TIC’s en beneficio de esta población vulnerable.
El Poder Judicial tiene un gran desafío en el contexto de la pandemia por el COVID-19 para mejorar la accesibilidad de la información para todos, pero sobre todo el de las personas con discapacidad.
Así lo sostuvo la magistrada Maruja Hermoza, integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, durante el curso virtual “Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”.
“Si antes (las personas con discapacidad) tenían dificultades o barreras del entorno cuando acudían a los servicios de transporte, salud, educación, justicia, cultura o recreación, con las medidas de reactivación la brecha podría aumentar”, señaló.
El curso virtual, dirigido a personal de las áreas de imagen institucional e informática de las cortes superiores del país, tiene como finalidad sensibilizar acerca de la importancia de la implementación de programas y sistemas accesibles para personas con discapacidad.
También promover el respeto y reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, aproximando a los participantes al uso de herramientas tecnológicas y criterios comunicacionales.
Hermoza Castro sostuvo que el Poder Judicial aplica el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad que magistrados y servidores judiciales deben cumplir para garantizar el acceso a la justicia de la referida población en vulnerabilidad.
Recordó que este protocolo dispone el uso de tecnologías al servicio de las personas con discapacidad para garantizar una adecuada información y comunicación, así como un sistema de alerta sobre su condición, tal como ocurre con los adultos mayores.
Sostuvo también que el documento dispone habilitar espacios de espera para visualizar y explicar con subtítulos o lenguajes de señas su atención, así como el uso de aplicaciones informáticas (app), según la discapacidad, para saber el estado del proceso.
A su turno, la representante de la Defensoría del Pueblo, Graciela Oroche, señaló que, según el Censo de 2017, en el país hay 3 millones 209 mil 263 personas con discapacidad (10,3% de la población total), de las cuales el 56,7% son mujeres y 43,3% varones.
Indicó además que los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2017, muestran que el 22,8% de la población con discapacidad está en condición de pobreza.
Esta población enfrenta, además, barreras sociales debido a estigmas y prejuicios, así como barreras económicas (pobreza, desempleo, analfabetismo, condiciones de salud precarias, desnutrición, falta de oportunidades, etc.).
Por su parte, la especialista del Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Vilma Andrade, recordó que la Ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad), establece que las instituciones públicas deben utilizar sistemas de comunicación como el Braille, subtitular imágenes, lenguaje de señas, comunicación táctil, macrotipos, entre otros.
Asimismo, el también especialista del Conadis, César Rosales, especificó que la Ley N° 29535 (Ley que Otorga Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana), señala que las entidades públicas o privadas están obligadas a proveer el servicio de intérpretes para personas con discapacidad auditiva.
Cabe resaltar que este evento es efectuado en coorganización con la Defensoría del Pueblo, el Conadis, la subgerencia de Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia General del Poder Judicial y la Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP.
La capacitación, programada en dos sesiones virtuales, continuará mañana miércoles 26 de agosto de 2020, a través de la plataforma web del Aula Virtual del Poder Judicial.
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