Sánchez busca elevar el caso al ámbito internacional por presuntas irregularidades, sin especificar qué organismos alternos tramitarán su recurso.
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, encabezó una movilización en el Centro de Lima donde anunció la interposición de una acción de amparo ante el Poder Judicial. Según el dirigente, el recurso constitucional busca salvaguardar los derechos de participación política y exigir una auditoría de transparencia frente a los resultados de la segunda vuelta electoral, cuya proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está programada para el próximo 3 de julio.
Sánchez cuestionó los criterios resolutivos del máximo organismo electoral, sosteniendo que las modificaciones normativas durante el proceso vulneraron el debido proceso legal, por lo que anticipó que extenderá sus reclamos a fueros jurisdiccionales internacionales para impugnar la inminente oficialización del triunfo de Keiko Fujimori.
Discurso sobre dimisiones en ONPE y omisión de precisiones técnicas
Durante su alocución ante delegaciones partidarias de Ica, Apurímac y Cajamarca, Sánchez instrumentalizó la reciente renuncia del ex-secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elar Bolaños, señalando que su salida obedecía al hallazgo de presuntas irregularidades sistémicas generalizadas dentro de la estructura electoral nacional.
No obstante, el líder de Juntos por el Perú omitió precisar que la carta de dimisión presentada por Bolaños el pasado 23 de junio consignaba textualmente que los inconvenientes administrativos y contractuales detectados se circunscriben en exclusividad a la organización de las Elecciones Regionales y Municipales fijadas para el 4 de octubre de 2026, desvinculándose de la auditoría del actual proceso de sufragio presidencial.
Advertencia sobre presunta infracción constitucional e inhabilitación
La postura adoptada por el actual congresista y excandidato generó el rechazo de especialistas en materia constitucional. El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, advirtió que la pretensión de desconocer los mandatos definitivos del JNE carece de sustento jurídico válido y arriesga la predictibilidad del traspaso de mando presidencial del 28 de julio.
Urviola enfatizó que las declaraciones públicas de Sánchez representan una abierta vulneración al artículo 38 de la Constitución Política del Perú -el cual obliga a los funcionarios y ciudadanos a respetar el ordenamiento jurídico del país-, configurando los presupuestos de una potencial infracción constitucional pasible de derivar en un proceso de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
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