De parte del Minjus, Contraloría y Defensoría.
El proyecto de ley que plantea prohibir la contratación con el Estado de personas jurídicas con socios, directores, gerentes, representantes legales o personas vinculadas con procesos pendientes o sentenciados en primera instancia por delitos de corrupción o acusación fiscal, recibió opinión favorable de diversas entidades del Estado.
En primer término, la Contraloría General de la República consideró la iniciativa presentada por la congresista Norma Yarrow (Avanza País), muy importante porque establece «altos estándares de probidad y transparencia por parte de las unidades económicas que contratan con el Estado sin que ello implique establecer disposiciones legales que puedan vulnerar los derechos fundamentales señalados en la Constitución».
El Ministerio de Justicia, en tanto, considera al proyecto jurídicamente «viable» en el extremo que de impedir que contraten con el Estado los procesados por corrupción con «acusación fiscal o condena en primera instancia».
Igualmente, está de acuerdo en que este impedimento sea permanente y definitivo en aquellos funcionarios que tengan sentencia firme por corrupción o que hayan admitido su delito.
Por su parte la Defensoría del Pueblo considera «pertinente» haber incluido en la iniciativa legislativa que están impedidos de contratar con el Estado, todas aquellas personas que están sentenciados por corrupción «en primera instancia «.
Para tal efecto, la iniciativa legislativa propone modificar el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
Cabe anotar que el referido proyecto de ley se encuentra a la espera de ser dictaminado por la Comisión de Fiscalización y por la Comisión de Justicia y DD HH.
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