El Gobierno ha aprobado la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030 mediante un decreto supremo. Esta medida responde a la creciente necesidad de fortalecer la protección y el empoderamiento de los consumidores en un entorno socioeconómico y tecnológico en constante cambio.
Oficializada a través del Decreto Supremo 075-2025-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esta política es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la administración pública, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Además, su observancia se extiende también al sector privado y a la sociedad civil.
Las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno y dentro de sus competencias, deberán asumir los roles, obligaciones y responsabilidades estipulados en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Indecopi, será la entidad rectora de esta política nacional. Indecopi se encargará de conducir, coordinar, regular, supervisar y evaluar la implementación de esta estrategia en las entidades públicas a nivel nacional y regional, especialmente en lo referente a la prestación de servicios y actividades operativas.
La implementación de la política se realizará a través de los diversos planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), con la participación de las entidades involucradas. Es importante destacar que el financiamiento provendrá de los presupuestos institucionales de dichas entidades, en el marco de sus competencias y conforme a las leyes anuales de presupuesto del Sector Público, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.
Finalmente, el decreto supremo y su anexo estarán disponibles en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano, así como en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Salud, Transportes, Ambiente y Cultura, y del Indecopi.
