Presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, explicó en Comisión de Fiscalización acciones contra actuación de magistrados. También asistió ministro del Interior.
Los congresistas miembros de la Comisión de Fiscalización opinaron que hay hechos paralelos que se deben investigar además de la responsabilidad de algunos magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Justicia del Callao- como la decisión de IDL-Reporteros por la difusión de los audios, producto de interceptaciones telefónicas y soltarlos “a cuentagotas”.
Sin embargo, el presidente de la comisión, congresista Rolando Reátegui, fue enfático al anunciar –al inicio de la sesión extraordinaria realizada el jueves 12- que no se va a investigar a ningún periodista y que “en ningún momento” se ha pretendido ello; jamás nadie ha preguntado por sus fuentes o que vengan a explicar procedimientos y detalles, remarcó.
El congresista Héctor Becerril opinó que habían hechos graves por investigar, por lo que propuso que se dé facultades de comisión investigadora y con los apremios de ley. Dijo que el periodista Gustavo Gorriti (de IDL-Reporteros) ha reconocido que tiene un lote de audios y que alguien se los entregó de manera anónima.
Opinó que también debería conocerse el trabajo realizado por el grupo “Constelación”, de la Policía Nacional, que se encargó de la interceptación telefónica y cómo se habían filtrado esos audios. Propuso que la Fiscalía de la Nación requiera a Gorriti a que entregue la documentación y audios que han sido obtenidas de manera ilegal porque él no puede constituirse en juez supremo de una información que tiene carácter delictivo.
La posición de Becerril fue cuestionada por su colega Yonhy Lescano, quien opinó que el congresista fujimorista quiere distraer la investigación y que lo que pretendía con los periodistas de IDL-Reporteros era un “chantaje y amedrentamiento” a la prensa.
La comisión convocó en la mañana de hoy al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, para que informe sobre las acciones que ha tomado ese poder del Estado respecto a la actuación de los magistrados que fueron “chuponeados” y que posibilitó conocer la existencia de presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
El alto magistrado explicó, respondiendo una a una las preguntas de los congresistas Edwin Donayre, Héctor Becerril, Lescano Ancieta, Roberto Vieira, Esther Saavedra, Elard Melgar, Hernando Cevallos, Ana María Choquehuanca, María Melgarejo, sobre la responsabilidad de los magistrados y la aparente inacción del PJ y del Consejo Nacional de la Magistratura.
En sus respuestas, Duberlí Rodríguez informó que el mismo lunes 9 último se dirigieron a la OCMA para que disponga las medidas que correspondan y que como órgano competente le compete investigar y sancionar a los jueces, pero no a los jueces supremos titulares.
Dijo que la Sala Plena del PJ tomó como uno de sus acuerdos deplorar lo ocurrido y que se realicen las investigaciones y se apliquen las sanciones disciplinarias y penales del caso, respetando el debido proceso.
Comentó que entendía el malestar de la ciudadanía, que quiere respuestas rápidas. Otro de los acuerdos fue declarar en emergencia la Corte Superior del Callao y pidió que el ministro de Justicia convoque a las altas autoridades que componen el Acuerdo Nacional por la Justicia (integrado por el PJ, Ministerio Público, Academia de la Magistratura y la Corte Suprema) para tratar este tema.
Dio a conocer que se ha separado el entorno administrativo del presidente de la Corte Superior del Callao, mientras que los jueces le han pedido a Waldo Ríos su renuncia.
Informó, pese a los cuestionamiento de Lescano, que el juez supremo César Hinostroza Pariachi ha sido retirado de la presidencia de la Segunda Sala Penal, que él se encuentra de vacaciones (porque es su derecho laboral) y que su destitución dependerá del Congreso a través de una acusación constitucional porque es un juez supremo titular.
Anunció que una Comisión de Alto Nivel de la Corte Suprema viene trabajando un proyecto de ley sobre la reforma de Poder Judicial y expresó su confianza en trabajar conjuntamente con el Congreso y el Poder Ejecutivo (que presentará un proyecto similar) para aprobar un solo texto.
En sus respuestas, el presidente del PJ dijo que solo el Ministerio Público puede ordenar una interceptación telefónica (como parte de la labor del fiscal) y un juez pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Afirmó que la interceptación telefónica se hizo dentro de una investigación a una organización criminal del Callao.
Comentó, ante una pregunta de Becerril, que era legal que un periodista tenga en su poder los audios y los dé a conocer de acuerdo a su criterio y defendió la imagen del PJ afirmando – en respuesta a Lescano- que no se puede calificar a los 3080 jueces de todo el país, de corruptos, aunque reconoció que hay lentitud en las decisiones del Poder Judicial.
Concluída su participación, ingresó a la Sala Grau el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes. El congresista Marco Miyashiro, secundado luego por Becerril y la mayoría de congresistas, plantearon que sea en una sesión reservada por la naturaleza de lo que iba a revelar el ministro. Lo que se aprobó finalmente mediante el voto y la voluntad del propio Medina.
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