Los operativos orientados a contrarrestar la extorsión en el servicio de transporte público se ejecutarán de manera continua y diaria a fin de restablecer el orden en los sectores con mayor incidencia delictiva, según informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola.
La disposición se anunció durante una acción de control territorial desplegada en la Panamericana Norte, dentro de la jurisdicción de Puente Piedra, ejecutada de forma conjunta con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Ministerio Público. Las autoridades confirmaron que este mecanismo táctico se replicará progresivamente en diversos puntos críticos de la capital mediante el despliegue permanente de contingentes policiales.
Capturas delictivas y fiscalización en el eje vial norte
Previo al inicio del despliegue en Puente Piedra, labores de inteligencia de la PNP permitieron la detención de tres presuntos extorsionadores. Uno de los intervenidos registraba antecedentes directos del año 2022 por extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego. Asimismo, el balance inicial de la fiscalización vial reportó la intervención de 16 unidades vehiculares, desagregadas en 12 automóviles particulares, un ómnibus interprovincial, una combi y dos minibuses.
El procedimiento incluyó la verificación en tiempo real de requisitorias, antecedentes judiciales e historial de sanciones administrativas mediante el cruce de datos automatizado con las plataformas de la ATU.
En el marco de las acciones contra estructuras criminales trasnacionales, la comandancia general ratificó la reciente expulsión del territorio nacional de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana con sentencias firmes por organización criminal, entre los que figura el presunto cabecilla alias Catire, vinculado a la organización Tren de Aragua.
Esta repatriación forzosa se ejecutó mediante la articulación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior. Adicionalmente, se confirmó la captura de ocho presuntos integrantes de la facción La Dinastía de Tocorón —compuesta por seis extranjeros y dos peruanos— implicados en el robo de 30 armas de fuego en una empresa comercializadora del distrito de Surco, habiéndose recuperado un lote de fusiles durante las diligencias.
Coordinación multisectorial y reforma del marco legal operativo
El alto mando policial enfatizó la necesidad de optimizar las herramientas normativas vigentes, argumentando que las dilaciones en la autorización de medidas limitativas de derechos restringen la celeridad de las investigaciones complejas.
Por último, se formalizó el inicio de las coordinaciones de planeamiento estratégico entre la PNP y las Fuerzas Armadas. Esta cooperación bilateral tiene como objetivo estructurar operaciones conjuntas en establecimientos penitenciarios y áreas geográficas de alta criticidad, en estricto cumplimiento de las nuevas directrices de seguridad pública emitidas por el Poder Ejecutivo.
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