Se inicia la sesión del Pleno bajo la presidencia de José Williams, titular del Legislativo.
Se continuará con el trámite correspondiente, informó José Williams
El Pleno del Congreso rechazó la reconsideración planteada por la congresista Adriana Tudela (Avanza País), para lograr la neutralidad y la proporcionalidad en la conformación de la comisión que se encargue de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales, que se iniciaron el pasado 7 de diciembre.
“La comisión investigadora que se forme debe buscar encontrar la verdad, las circunstancias en que ocurrieron estas trágicas muertes, dejando de lado cualquier los sesgos ideológicos. La formulación del acuerdo que propone la moción deja claro que hay ciertos sesgos ideológicos y que ya han determinado cuáles son las responsabilidades. No se está partiendo desde un punto neutro que es absolutamente indispensable”, expresó la legisladora.
Tudela insistió que la neutralidad es indispensable si se quiere llegar a la verdad y por ello, abogó, porque el grupo investigador respete –de acuerdo con el Reglamento del Congreso- el principio de proporcionalidad de la composición del Parlamento.
Sin embargo, la reconsideración planteada por la congresista de Avanza País, solo obtuvo 58 votos a favor (requería 66 para su aprobación); 38 en contra y una abstención.
«En consecuencia se continuará con el trámite correspondiente», precisó el titular del Parlamento, José Williams.
Cabe recordar que la comisión investigadora de las muertes en las protestas sociales cuenta un plazo de 90 días calendario para realizar su labor.
ACLARACIÓN
Durante la sesión matutina, el Pleno del Congreso también aprobó con 98 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el pedido del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza, respecto del texto sustitutorio del Proyecto de Ley nro. 836, que modifica el Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, para asegurar el funcionamiento permanente de la Junta de Fiscales Supremos.
De lo que se trata es de un proyecto de ley presentado por el Ministerio Público, que plantea la “Ley que habilita el régimen de suplencia para resolver los casos de procedimientos administrativos disciplinarios que resuelve la Junta de Fiscales Supremos con la finalidad de evitar la impunidad”, dentro de la lucha contra la corrupción.
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