Tras un reportaje de Cuarto Poder, la Fiscalía investiga el proceso de acreditación de la legisladora electa, luego de que exámenes periciales demostraran que la firma y la huella de su declaración jurada no corresponden a su identidad.
La diputada electa por la región San Martín, Jacqueline Tapullima, se encuentra bajo investigación penal debido a la presunta falsificación de la documentación que facilitó su inscripción al Congreso bajo las filas del partido Juntos por el Perú.
De acuerdo con un informe del programa dominical Cuarto Poder, el Ministerio Público indaga las irregularidades administrativas de su postulación. El caso cobra relevancia institucional dado que la legisladora ya cuenta con sus credenciales oficiales y se dispone a jurar al cargo, mientras el proceso judicial sigue su curso en el fuero fiscal.
Peritajes científicos descartan autenticidad biométrica y gráfica
Un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) remitido a la Fiscalía detalla que la firma y la huella digital consignadas en su declaración jurada de postulación no corresponden a la identidad de Tapullima. El perito dactiloscópico Julio Espejo confirmó que el análisis pericial determinó discrepancias insalvables en el conteo de crestas y puntos nucleares frente a los registros oficiales del Reniec, concluyendo que la impresión dactilar pertenece a un tercero.
Asimismo, el estudio grafológico reveló que la rúbrica del documento fue realizada mediante «imitación servil», evidenciando un trazo ajeno al habitual de la investigada y vulnerando el requisito legal que exige la manifestación expresa y soberana de la voluntad de postular.
Ausencia de campaña y presunto uso del cupo por paridad de género
El reportaje periodístico expuso que Tapullima carece de trayectoria partidaria previa, formación superior, antecedentes electorales, así como de ingresos o propiedades declaradas. Fuentes institucionales señalaron que su incorporación en la lista de Juntos por el Perú habría respondido únicamente a la necesidad de cumplir con la cuota de paridad de género.
Testimonios de simpatizantes de la propia organización política, como Victoria Mejía, respaldaron esta hipótesis tras afirmar que la legisladora electa no realizó actividades proselitistas en la región y que intentó simular su participación en la contienda electoral mediante la publicación de fotografías en redes sociales.
Ante las acusaciones, la parlamentaria electa evitó responder al pliego de preguntas del programa televisivo y se limitó a señalar que aguardará el desarrollo de las indagaciones. El informe advierte que Tapullima no asistió a las citaciones policiales para los exámenes periciales, solicitó reprogramaciones y se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio.
La investigación preliminar, iniciada por el Ministerio Público a finales de mayo, apunta al presunto delito contra la fe pública, una figura penal que contempla sanciones de entre seis y ocho años de pena privativa de la libertad si se ratifica el fraude documentario.
Silencio partidario y pronunciamiento político de la agrupación
La bancada de Juntos por el Perú ha optado por no emitir pronunciamientos institucionales respecto a la situación legal de su representante por San Martín. No obstante, el líder de la organización y excandidato presidencial, Roberto Sánchez, centró su agenda pública en cuestionar los resultados generales, afirmando que la mandataria electa, Keiko Fujimori, asumirá una gestión ilegítima.
Bajo esa premisa, el dirigente político anunció la futura conformación de un frente patriótico de oposición orientado a lo que denominó la restauración democrática del país.
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