El expresidente fue conducido de emergencia a hospital por descompensación
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial continúa el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones acusado por el presunto delito de rebelión.
La audiencia se inició sin la presencia de Castillo Terrones, quien fue conducido de emergencia por una descompensación al Hospital II Vitarte de Essalud, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Pedro Castillo, recluido en el penal Barbadillo, cumple una huelga de hambre en protesta por el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Además, el abogado de oficio asignado por el Estado a Castillo informó que su patrocinado volvió a rechazar la defensa pública, además, el letrado pidió que se suspenda la audiencia debido a la situación de salud del exmandatario.
Este pedido está siendo evaluado por la sala.
El pasado 10 de marzo, Pedro Castillo se declaró en huelga de hambre por las «injusticias» que, según dice en un manuscrito, se cometen en su contra. Niega haber cometido los delitos por los cuales es procesado y cuestiona a una de las integrantes del tribunal que lo juzga «por haber adelantado opinión» en su contra.
Ante esta situación, el INPE inició un proceso administrativo disciplinario en su contra, lo que implica su aislamiento y la suspensión de sus visitas. Señala que la negativa a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía constituye una falta disciplinaria grave, conforme al Código de Ejecución Penal.
El juicio oral
Junto a Castillo Terrones también se procesa en calidad de coautores del delito de rebelión a los ex presidentes del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez; al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas; así como a los exoficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).
El Ministerio Público ha solicitado para el expresidente una pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419,038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419,038 soles que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
Se les atribuye la presunta comisión del delito de rebelión, por el intento de quebrantamiento del orden constitucional el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo leyó un mensaje en televisión nacional que disponía disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, Ministerio Público y otras instituciones.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas 65 pruebas documentales y las declaraciones de más de 69 testigos; así como pericias forenses, grafotécnicas y otras.
También participarán tres peritos admitidos para la fiscalía y los acusados; así como 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de todas las partes.
Fuente: Agencia Andina
Acerca del autor
