El 4 de mayo de 2025, 13 trabajadores de la minera artesanal R&R, contratista de la empresa Poderosa, fueron encontrados asesinados en el interior de una mina en Pataz, provincia de La Libertad. Los cuerpos, hallados maniatados, fueron recuperados días después de ser reportados como desaparecidos el 26 de abril. La Policía Nacional investiga los hechos como parte de una escalada de violencia vinculada a redes criminales que operan en torno a la minería ilegal en la zona.
Medidas adoptadas por el Ejecutivo
Tras el hallazgo, el gobierno peruano anunció una serie de medidas urgentes en Pataz:
* Suspensión de todas las actividades mineras por 30 días en el distrito.
* Instalación de una base militar temporal para reforzar la presencia del Estado en la zona.
* Despliegue de más de 200 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con operativos focalizados en zonas críticas.
* Toque de queda nocturno (de 20:00 a 4:00 horas) en varios distritos de Pataz con el objetivo de restringir el movimiento de vehículos pesados vinculados a actividades ilegales.
Minería ilegal y presencia del crimen organizado
El gobierno ha identificado que en Pataz operan más de 30 plantas de procesamiento de mineral sin autorización, muchas de las cuales estarían bajo control de organizaciones criminales. Informes de la Policía señalan que diariamente circulan hasta 25 volquetes con mineral extraído ilegalmente, lo cual genera una economía paralela y violenta.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han advertido que estas actividades representan una amenaza directa contra las operaciones legales. La SNMPE ha solicitado mayor intervención estatal y el fortalecimiento del sistema de formalización minera, exigiendo una revisión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Anuncios complementarios del Ejecutivo
En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció en mayo la creación de un fondo de apoyo a pequeños productores mineros formales, orientado a:
* Brindar acceso a financiamiento con tasas preferenciales.
* Establecer canales de comercialización transparentes.
* Ofrecer asistencia técnica y legal para promover la formalización.
Estas medidas forman parte del diseño de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030, actualmente en fase de implementación.
Coordinación intergubernamental
En el contexto de tensión social por la suspensión de actividades mineras en Pataz, el alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, ha mantenido acercamientos con entidades del Ejecutivo para gestionar una nueva mesa de diálogo. Esta solicitud surge ante la falta de consensos en dos reuniones anteriores: una realizada en Trujillo el 22 de mayo y otra en Pataz el 29 del mismo mes.
Mariños acudió a Lima para insistir en la necesidad de reactivar el diálogo con el Ejecutivo antes del 9 de junio, fecha propuesta por la población para iniciar una protesta en la zona. El alcalde de Pataz alertó sobre el impacto económico que la paralización ha tenido en la provincia, donde la mayoría de familias depende de actividades vinculadas a la pequeña minería, como el transporte, los comercios locales y los servicios básicos.
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