Osiptel justificó la acción debido al crecimiento del uso de equipos móviles en actividades delictivas.
Más de 650 mil equipos celulares fueron bloqueados y se reportaron 169 mil como robados en el contexto del estado de emergencia, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Además, se procesaron 4,100 solicitudes de suspensión de líneas que fueron utilizadas en delitos de extorsión, secuestro y sicariato.
Las cifras fueron presentadas durante una audiencia pública de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), realizada en Huancayo.
Telecomunicaciones como herramienta criminal
Tatiana Piccini Anton, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, señaló que las telecomunicaciones se han convertido en una «herramienta clave para el crimen,» justificando la intensificación del control «en todos los frentes».
En la audiencia, Piccini detalló el reforzamiento del control sobre ciudadanos con más de diez líneas a su nombre, lo que ahora exige una validación presencial de identidad. Asimismo, se implementó la verificación biométrica con Migraciones para la contratación de servicios por parte de extranjeros.
El organismo regulador también reportó la invalidación de más de 46 mil códigos IMEI, 34 mil IMEI clonados y la ejecución de nuevas bajas sumarísimas en tiempo récord.
La venta ambulatoria de chips como foco de ilegalidad
La funcionaria advirtió que la venta ambulatoria de chips constituye un foco de ilegalidad y un delito que facilita la activación de líneas fraudulentas. Piccini enfatizó que, tras detectar vendedores en la vía pública, se registran identidades y operadores para reportar a la Policía y al Ministerio Público.
«Hay personas con más de 300 servicios a su nombre; esa contratación masiva debe ser limitada por ley”, subrayó. A esto se suma el problema de las empresas operadoras que judicializan las sanciones, retrasando los procesos hasta por diez años, lo cual exige ajustes normativos inmediatos, según el regulador.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Osiptel, Eduardo Guillén Marroquín, alertó que la venta callejera de chips, descontrolada desde 2015, permite prácticas fraudulentas como el registro de múltiples huellas por línea, lo que facilita que terceros activen números sin aparecer como titulares. Guillén Marroquín subrayó la necesidad de un trabajo articulado entre municipalidades, operadoras, el regulador y el Ministerio Público para controlar el sistema.
Propuesta de modernización legal
En la audiencia, la presidenta de Codeco, Katy Ugarte, resaltó la urgencia de modernizar el marco legal para combatir la criminalidad tecnológica. Ugarte propuso la implementación de medidas utilizadas en Europa, como teléfonos sellados sin chip, dispositivos codificados, bloqueadores penitenciarios 4G y 5G, y controles biométricos avanzados. «El país no puede seguir combatiendo delitos modernos con sistemas obsoletos», afirmó, anunciando que propondrán una directiva única con supervisión trimestral junto al Ministerio Público.
Adicionalmente, Ricardo Malca Acayturi, director de Fiscalizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó sobre las acciones del sector contra la infraestructura clandestina que facilita comunicaciones desde penales. El MTC realizó 22 intervenciones técnicas y 27 acciones de detección de antenas ilegales en 2025, muchas de las cuales operan camufladas en viviendas o cerros.
La audiencia contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y sociedad civil, reforzando el compromiso interinstitucional para garantizar servicios públicos seguros.
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