En medio de una crisis sanitaria que ha traído grandes repercusiones a la economía nacional, Perú es el segundo mayor receptor de migrantes y/o refugiados venezolanos, quienes huyen de la peor crisis de la historia en su país.
El informe 2020 de la OIM reportó que para el 2019, la crisis en Venezuela había desplazado aproximadamente 4 millones de personas. Los países de Perú y Ecuador albergan la mayor parte de las y los migrantes o refugiados, después de Colombia.
A inicio de este año, la plataforma de Respuesta a Venezolanos reporta que más de 1.4 millones de ciudadanos y ciudadanas de esta nacionalidad se encuentran en Perú y, más de 415 mil, en Ecuador.
“Por Tumbes, cada día ingresan muchas personas, a ellos se les están vulnerando sus derechos básicos debido a políticas migratorias que son cada vez más restrictivas e impiden a la mayoría poder regularizar su condición”, comenta Veronique Henry, directora país de la ONG Plan International.
¿Cómo influye esto en la vida de niñas y niños migrantes venezolanos?
Según la ONG Plan International, la situación de irregularidad afecta el acceso a medios de vida, trabajo formal, salud y educación, impactando en miles de niñas y niños migrantes y refugiados.
En un reciente informe realizado por la ONG a través del Proyecto IntegrAcción, resalta que un 77% de los hogares venezolanos viven en situación de hacinamiento, en contraste con un 33% de los hogares conformados por peruanos. Esta situación coloca a los niños, y principalmente a las niñas y adolescentes, en una situación de mayor riesgo.
“En medio de esta pandemia, la salud, como derecho básico, es uno de los más afectados, pero a esto se le suma el deterioro de las condiciones de vida, que afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos. Derechos como vivir con sus familias y desarrollarse libres de violencia, se han visto altamente vulnerados”, agrega Henry.
El informe revela también las altas cifras de discriminación a las que se enfrentan los migrantes en nuestro país, pues un 45% de las y los encuestados indican que ellos, o algún miembro de su familia han sufrido de estos episodios.
La Directora País de la organización humanitaria comenta que es necesario resalta que niñas y adolescentes migrantes venezolanas viven una triple discriminación: por su género, por su edad y por su nacionalidad; lo que las lleva a estar más expuestas a explotación sexual, trata de personas y todo tipo de sexualización por su condición.
Un llamado a la solidaridad
Ante las persistentes acciones de discriminación denunciadas por la población venezolana, urge la definición de políticas públicas orientadas hacia el respeto y cumplimiento de los derechos humanos considerando que todas las personas gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que no se les puede discriminar, entre otros, por lugar de nacimiento ni condición migratoria.
Mejorar las condiciones de vida de la población migrante requiere abordar el problema desde una mirada regional, que permita articular los esfuerzos de los países de América Latina.
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