Especialistas en fiscalización ecológica iniciaron una auditoría de campo en la Llaqta de Machupicchu con el objetivo de constatar el cumplimiento estricto de las normativas de conservación, enfocándose principalmente en el tratamiento de los desechos sólidos y los vertimientos de aguas residuales.
Una gestión deficiente de estos elementos críticos constituye una amenaza directa para el equilibrio del ecosistema local, la integridad del patrimonio arqueológico y natural, así como para la salud de las comunidades aledañas y de los miles de turistas que recorren el santuario histórico.
Durante las jornadas de evaluación, el equipo técnico empleó aeronaves pilotadas a distancia (drones) para capturar imágenes de alta resolución y compilar datos cartográficos detallados sobre el estado actual de la unidad territorial.
Esta tecnología permitió georreferenciar puntos específicos de descarga de efluentes hacia el cauce del río Vilcanota, además de examinar la infraestructura destinada al acopio y disposición final de la basura. Los encargados del sector ambiental señalaron que estas intervenciones buscan blindar las áreas de alta sensibilidad cultural, asegurando que los hallazgos e informes técnicos sean derivados a los despachos correspondientes para la aplicación de correctivos inmediatos en caso de detectarse faltas.
La necesidad de un control permanente responde a la alta presión demográfica que soporta el monumento:
En temporadas regulares de visitas, la ciudadela inca recibe un promedio diario de 4,500 turistas. Este flujo continuo de personas genera aproximadamente 3 toneladas de residuos sólidos y un volumen de 16 metros cúbicos de aguas residuales cada veinticuatro horas.
La ausencia de un plan de contingencia técnico y de operaciones óptimas para mitigar este impacto provocaría una degradación severa del entorno, lo que obliga a las autoridades a mantener una vigilancia constante y rigurosa sobre la zona.
Transferencia de competencias de control
La ejecución de estas inspecciones responde a un cambio en el marco legal de la fiscalización pública. Desde junio de 2025, las facultades de supervisión, control y sanción en materia ecológica sobre todos los proyectos, actividades y monumentos vinculados al sector Cultura fueron transferidas oficialmente al organismo especializado en evaluación ambiental.
Esta reestructuración del Estado, que dejó sin estas atribuciones específicas a la cartera ministerial que administra el patrimonio cultural, busca centralizar y tecnificar las auditorías para garantizar la sostenibilidad de los principales activos históricos del país.
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