La ex-servidora estatal enfrentará inhabilitación civil y sanción pecuniaria, disponiéndose su requisitoria a nivel nacional debido al incumplimiento de las disposiciones judiciales establecidas durante el proceso penal.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco obtuvo una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva contra Marisol Torres Taipe, ex-servidora del Gobierno Regional (GORE) del Cusco, tras demostrarse su responsabilidad penal en la comisión del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.
La resolución del órgano jurisdiccional dispuso la inmediata ubicación, captura e internamiento de la sentenciada en un centro penitenciario, luego de determinarse que incumplió de manera reiterada las reglas de conducta y condiciones procesales fijadas con anterioridad por el juzgado de la causa.
Modus operandi: El encubrimiento de la dádiva
Las investigaciones fiscales determinaron que el acto ilícito penal ocurrió el 19 de enero de 2019, período en el cual Torres Taipe se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Recursos Humanos de la sede regional. La sentenciada entregó al entonces director de dicha área una vianda que contenía un plato tradicional (cuy) en cuyo interior camufló una billetera con S/ 2,000 en efectivo junto a una lista con datos personales.
El propósito del incentivo económico ilegal era influir de manera directa en el despacho del funcionario para favorecer la contratación de cuatro familiares directos, entre los que figuraban su hijo mayor y el padre de sus hijos menores; no obstante, el directivo rechazó la dádiva, confrontó a la trabajadora y denunció los hechos ante las autoridades competentes.
Inhabilitación penal, reparación civil y orden de captura
Además de la pena privativa de la libertad de carácter efectivo, el fallo emitido por el Poder Judicial impuso a la condenada cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo u función pública, la obligación de abonar 425 días multa equivalentes a S/ 3,293.75, y el pago de una reparación civil fijada en S/ 3,000 a favor del Estado peruano.
La variación de su situación legal a prisión efectiva se ejecutó debido a que la procesada omitió el pago de una caución previa de S/ 3,000 y pretendió, de manera irregular, sustituir dicha obligación pecuniaria mediante la entrega de un vehículo, solicitud que fue denegada por el tribunal al dejar sin efecto los beneficios procesales de comparecencia restrictiva.
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