- Previo acuerdo había sido suspendido hace 24 horas
- Novonor se pronuncia tras suspensión de acuerdo Brasil-Perú
La Secretaría Nacional de Justicia de Brasil ordenó la suspensión de la cooperación jurídica internacional con Perú en los procesos del caso ‘Lava Jato’ que involucran a la constructora Novonor, anteriormente conocida como Odebrecht. En respuesta a esta medida, la transnacional brasileña emitió un comunicado oficial.
En su pronunciamiento, Novonor reafirmó su compromiso con el acuerdo de colaboración suscrito con el Ministerio Público y la Procuraduría Pública de Perú. Sin embargo, la empresa recordó la existencia de «Acuerdos de Compromiso Internacional» entre ambos países. Estos acuerdos, según Novonor, establecen limitaciones sobre el uso de las pruebas y declaraciones proporcionadas por sus exfuncionarios en procesos penales, civiles y administrativos en Perú.
La constructora acusó directamente al Equipo Especial de Fiscales y a la Procuraduría Pública peruanas de «incumplimientos» reiterados de estos acuerdos. Novonor señaló que esta no es la primera vez que ocurren este tipo de problemas, recordando antecedentes similares en los años 2018, 2021, 2022 y la reciente suspensión de 2024.
Por su parte, el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial ‘Lava Jato’ en Perú, minimizó el impacto de la suspensión de la cooperación jurídica por parte de Brasil. Vela atribuyó esta decisión a una solicitud específica del sistema judicial brasileño y sugirió que podría estar relacionada con cambios políticos en Brasil tras la asunción de Lula da Silva. El fiscal peruano aseguró enfáticamente que los casos de ‘Lava Jato’ en Perú no se verán afectados por esta medida y desestimó las interpretaciones de los abogados de los investigados como «maniobras sin sustento legal».
Vela sostuvo que las investigaciones peruanas cuentan con «evidencia firme, legalmente obtenida, y con el respaldo de sistemas judiciales internacionales». Desde Brasil, Novonor expresó su esperanza de que las autoridades peruanas subsanen los «incumplimientos» señalados para restablecer «las condiciones de seguridad jurídica» necesarias para el pleno respeto de los compromisos internacionales y el Estado de derecho.
