Valdez pidió solicitar acción penal contra contratista y supervisora por obra.
Respecto a las denuncias por deficiencias en la construcción del canal de riego San José Alto, en Ascope, el gobernador regional Luis Valdez Farías dio a conocer que solicitó un examen especial a la obra para establecer responsabilidades e iniciar una acción judicial contra la empresa supervisora y contratista.
“El resultado de las investigaciones servirá para que se sancione de manera efectiva a los responsables. En este caso creo que hay incluso responsabilidad penal, por eso hemos pedido se inicien las acciones judiciales correspondientes”, dijo.
Adelantó, sin embargo que todo apunta a que no hubo una adecuada supervisión de la ejecución del proyecto.
Según explicó, legalmente la empresa supervisora, que no depende directamente del Gobierno Regional, es la encargada de evaluar e informar si los trabajos que se hacen cumplen con el expediente técnico y que la supervisora es una empresa contratada en un concurso público y transparente al que seguramente se presentaron más empresas.
“No podemos asumir responsabilidades por algo que no nos corresponde. La ley le da potestad a la empresa supervisora en este tema del control de la obra. Pero si se determina responsabilidad alguna en algún trabajador del Gobierno Regional tengan la seguridad que vamos a ser drásticos”, puntualizó.
Valdez reiteró que ha dispuesto que todas aquellas responsabilidades que se puedan identificar producto de una deficiencia en la prestación de servicios no solamente serán demandadas para resarcir un daño posible sino también serán denunciadas y que eso tiene que correr de manera paralela.
Agregó que hay la necesidad de ver cómo se modifica la ley de Contrataciones del Estado, que obliga que los gobiernos regionales cuando ejecutan una obra pública tengan que contratar a un externo en un concurso público donde no puedes elegir al que hará la supervisión sin correr algún tipo de riesgo.
“Esperemos que el Ejecutivo pueda hacer las enmiendas legales que hagan más eficiente el proceso de supervisión”, precisó.
El mandatario regional reiteró que ha dispuesto la denuncia y las acciones civiles que correspondan dentro del proceso regular y que más allá de que no puedan intervenir en el trabajo de la supervisora, pide que se enmiende la ley y que dentro de la supervisión exista un representante de la región que haga un trabajo paralelo como lo hace la Contraloría.
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