- A través de la Procuraduría Pública Municipal, comuna miraflorina solicita investiguen al decano del Colegio de Arquitectos de Lima por el delito contra la libertad (coacción).
- Denuncia penal también comprende a miembros del Comisión de Asuntos Técnicos del CAP Regional Lima y a todos los que resulten responsables de los hechos denunciados por el municipio.
La municipalidad de Miraflores, a través de la Procuraduría Pública Municipal, denunció penalmente al decano del Colegio de Arquitectos de Lima, Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo, por el delito contra la libertad (coacción), tras determinar que se estaría actuando de manera ilegal al obligar a los profesionales de la referida sociedad a actuar contra la ley municipal.
Esta solicitud de apertura de investigación, además, alcanza a los miembros de la Comisión de Asuntos Técnicos del CAP Regional Lima y los que resulten responsables tras las indagaciones. Los mencionados también deberán responder por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad (para impedir el ejercicio de sus funciones), cometidos contra funcionarios públicos (abuso de autoridad) y otros que se pudieran determinar durante las investigaciones.
Esta denuncia penal se da en el marco de la posición asumida por el municipio de Miraflores respecto a la problemática generada por malas empresas inmobiliarias y sus proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) en el distrito, los que han vulnerado de forma sistemática los parámetros urbanísticos y de alturas establecidos en las ordenanzas de nuestra jurisdicción.
DELITOS DENUNCIADOS
Sobre el delito de coacción, la Procuraduría Pública Municipal sostuvo que la conducta del decano del CAP Regional Lima, así como de la comisión integrada por Daniel Béjar, Daniel Tenorio, Celia Vargas y Dino Chiappe, encaja en el tipo penal. “Al exigir actuar de manera ilegal, obliga a los arquitectos a resolver contra la ley, ya que si no lo hacen serían sometidos a la comisión de ética del colegio y los inhabilitarían como profesionales”, detalla la denuncia.
En lo referente al delito de violencia contra la autoridad, el procurador sostuvo que el decano y la mencionada comisión emplearon intimidación contra un funcionario público para impedir o trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones.
Por último, respecto al delito de abuso de autoridad, la procuraduría también remarca que los integrantes de la comisión cometieron u ordenaron actos arbitrarios, los cuales causaron perjuicio a la comuna miraflorina. En esa línea, estos habrían sido coaccionados para que se conduzcan bajo los términos del “Instructivo 01-2024-CAP-REGIONAL LIMA”, sugiriendo, incluso, que vayan contra la ley vigente y consideren la aplicación de normas ya derogadas.
“Esta conducta del decano se resume en haber permitido y avalado la emisión del referido instructivo; mientras que, de parte de los miembros de la comisión, la ejecución de actos que van en contra de las leyes […] Los fundamentos expuestos acreditan que los denunciados habrían incurrido presuntamente en los delitos señalados al inicio de esta denuncia, por lo que corresponde realizar las investigaciones pertinentes”, puntualizó el procurador.
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