El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, urge la intervención del Gobierno central y mayor cooperación con Rabat.
La ciudad autónoma de Ceuta enfrenta un agravamiento de la presión migratoria tras registrarse el ingreso de aproximadamente 2,000 personas por vía marítima en lo que va de la semana. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que, tras una breve disminución de la tensión en la frontera, miles de ciudadanos procedentes de Marruecos reanudaron los cruces irregulares bordeando el espigón de Tarajal.
La magnitud del flujo, calificada de histórica por representantes del Partido Popular (PP) local, ha saturado los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), detectándose la presencia de numerosas mujeres y menores de edad deambulando por el área urbana central.
Factores institucionales, como un reciente fallo del Tribunal Supremo sobre la interpretación de las devoluciones en caliente, han sido señalados por la administración ceutí como un incentivo indirecto que ha impulsado estos cruces, los cuales han dejado un saldo de 60 víctimas mortales en el último mes.
Consenso político local y solicitudes fundadas en la Ley de Seguridad Nacional
Ante la gravedad de la situación, que equivale al ingreso de un volumen de personas correspondiente al 2% de la población total de la demarcación en un periodo de cinco días, el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, formalizó un pedido directo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta —que agrupa al PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!— respaldó unánimemente la solicitud para activar el artículo 23 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. Este marco legal define la situación como de interés para la seguridad del Estado y facultaría el despliegue de las Fuerzas Armadas para cooperar en la custodia y el cierre perimetral de la frontera en el paso de Tarajal, evocando escenarios de contingencia similares a los registrados durante la crisis fronteriza del año 2021.
Respuesta del Ejecutivo central y acuerdos de devolución con el Reino de Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el despliegue inmediato de las capacidades logísticas estatales y ratificó su compromiso de cooperación bilateral con las autoridades de Rabat tras mantener comunicaciones con el titular del ejecutivo ceutí.
En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coordinó con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, la implementación de mecanismos de contingencia para agilizar la entrega y repatriación de los migrantes que ingresaron de forma irregular. El Ministerio del Interior atribuyó el incremento del flujo a la difusión de información tergiversada por parte de mafias dedicadas al tráfico de personas respecto al alcance de la resolución judicial del Tribunal Supremo.
Por su parte, delegaciones diplomáticas de Marruecos rechazaron cualquier instrumentalización política de la migración y vincularon los hechos en exclusiva a redes de criminalidad organizada. Se prevé que el ministro Grande-Marlaska, junto al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, arriben a Ceuta para evaluar el impacto en el terreno.
Cuestionamientos de la oposición parlamentaria a la política migratoria del Gobierno
El panorama ha generado severas críticas por parte de los principales líderes de la oposición en el Congreso de los Diputados. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la coyuntura de emergencia de seguridad nacional y exigió al Ejecutivo central la ejecución inmediata del cierre fronterizo mediante el uso de efectivos militares y gestiones de alta diplomacia ante la Unión Europea.
Asimismo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, responsabilizó políticamente al presidente Sánchez por la vulnerabilidad de los límites territoriales en Ceuta, catalogando la gestión de ineficaz frente a lo que describió como un quebranto a la soberanía nacional y demandando responsabilidades legales y constitucionales ante los tribunales correspondientes.
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