La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana brinda acompañamiento al estudiante afectado y evalúa si las autoridades del plantel cumplieron con reportar el hecho en los plazos normativos.
El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), activó los protocolos de atención y protección tras la denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un estudiante de la institución educativa pública Romeo Luna Victoria, ubicada en el distrito de San Borja. El sector dispuso un acompañamiento integral para el menor mientras las autoridades competentes investigan el suceso, ocurrido presuntamente el pasado 26 de octubre durante una clase de Educación Religiosa.
Tras la denuncia formal presentada por la madre del agraviado al día siguiente del incidente, cuatro estudiantes de 16 años fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) como presuntos responsables del acto cometido al interior del aula. Los adolescentes fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y al Instituto de Medicina Legal para ser sometidos a las pericias forenses correspondientes. Como parte de las actuaciones dispuestas por el Ministerio Público, al menor agraviado se le realizó una entrevista única en cámara Gesell, diligencia cuyo registro audiovisual quedó bajo estricta cadena de custodia para respaldar el proceso de investigación.
Evaluación a la gestión escolar y soporte institucional
Paralelamente, la DRELM inició una revisión exhaustiva para determinar si la dirección del colegio notificó el hecho de manera oportuna o si existieron dilaciones en la aplicación de los protocolos obligatorios. Cornelio Gonzales, director de la entidad, advirtió que de hallarse omisiones administrativas se impondrán las sanciones correspondientes a las autoridades del plantel.
El estudiante viene recibiendo asistencia legal, psicológica y social brindada de manera conjunta por equipos especialistas de la UGEL 7, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Defensoría del Pueblo, en un proceso que se mantiene bajo estricta reserva legal por involucrar a menores de edad.
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