La ruta de negocios de Odebrecht en México abarca tres sexenios: el último periodo de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a quien le quedan 79 días en el poder. El negocio más fuerte fue con Petróleos Mexicanos (Pemex). Le avaló decenas de convenios por miles de millones de dólares.
Las irregularidades en los contratos otorgados al conglomerado brasileño entre 2005 y 2017 incluyen sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados –además de los señalamientos por pago de sobornos– que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad.
En el primer –y último– informe parcial de la Cuenta Pública 2017, la ASF detectó que Pemex tiene 3 mil 500 millones de pesos pendientes por aclarar de las cuentas públicas 2015 y 2016. En el caso de Odebrecht, el informe hace observaciones por 1 mil 191.32 millones de pesos que corresponden a tres contratos adjudicados, de manera directa, a la constructora brasileña.
Uno de esos títulos fue para el “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el Proyecto Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo”. Otro para la “construcción de accesos y obras externas” para el mismo Proyecto. Y uno más para el “desarrollo de la Fase I del Proyecto Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca”.
De acuerdo con la ASF, hasta 2016 se realizaron observaciones a las transacciones entre Pemex y Odebrecht por 1 mil 250 millones de pesos, de los cuales sólo se han aclarado 59 millones.
Acerca del monto en vilo, la ASF recalcó que se debe a costos fuera de mercado, pagos en demasía, indebidos y en exceso por la incorrecta integración del porcentaje de financiamiento, así como pagos excesivos por la falta de ajuste de costos indirectos, además de aquellos no respaldados por concepto de suministro de agua para rellenos.
En este largo camino de 12 años, políticos del talle de Emilio Lozoya Austin (director de Pemex entre 2012 y 2016), Javier Duarte de Ochoa (Gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016), Felipe Calderón Hinojosa (Presidente de México entre 2006 y 2012), e inclusive Enrique Peña Nieto (actual Primer Mandatario), han sido señalados de participar en un juego de opacidad y de corrupción.
Sobre Calderón Hinojosa y Peña Nieto descansa la omisión de sus respectivas administraciones en dos momentos clave que marcaron la agenda de procuración y administración de justicia en México.
El primer momento tuvo lugar en febrero de 2011 cuando la ASF alertó a la federación acerca de las graves irregularidades en las contrataciones de Pemex a Odebrecht. La administración panista encabezada por Calderón era la responsable de revisar el caso, pero dejó que la impunidad robara base.
El segundo momento fue en diciembre de 2016 cuando México supo que varios de sus funcionarios públicos habían recibido millonarios sobornos para conceder licitaciones públicas a la constructora brasileña. Al igual que con Calderón, en el sexenio del Presidente Peña no hay avances en las investigaciones por corrupción.
Emilio Lozoya Austin carga con señalamientos por haber recibido sobornos (por al menos 10 millones de dólares) entre 2012 y 2014, a cambio de ayudar a Odebrecht a conseguir licitaciones con Pemex. Javier Duarte de Ochoa, por su parte, también se vio implicado en un escándalo de corrupción entre agosto de 2010 y febrero de 2011.
En este periodo, las más grandes inversiones de la empresa en Veracruz –la modernización de la Refinería de Minatitlán y la construcción de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos– estaban en curso. Fue en este lapso cuando Odebrecht realizó una transferencia de 3.7 millones de pesos a una compañía fantasma (Blunderbuss Company de México) vinculada al ex Gobernador veracruzano.
El escándalo de Odebrecht en México, tratándose de proyectos de seguridad energética y de infraestructura logística, es un tema de seguridad nacional, dijo a SinEmbargo el doctor Rodrigo Soto Morales, académico-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
El experto en seguridad nacional comentó que un acto de corrupción con “proporciones desorbitantes” en cuanto al desvío de recursos públicos, de impuestos y derechos no pagados, o de licitaciones mal adjudicadas –como lo es el caso de Odebrecht– puede “comprometer la seguridad nacional” por la falta de “law enforcement” (o de aplicación de la ley) que refleja.
“Una de las características de acuerdo a la ley de seguridad nacional, es que cuando se pone en peligro la permanencia del desarrollo y la existencia de las instituciones que concretan la soberanía del Estado, en este caso, las instituciones encargadas de cumplir la ley, […] seguramente se afecta la soberanía”.
Según Soto, la impunidad no sólo pone en riesgo la soberanía nacional, sino que además, arriesga la legitimidad de las autoridades en función. Un fenómeno que, de acuerdo con el maestro José Antonio Zavaleta Landa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vulnera al Estado en sus capacidades legales y ejecutivas, pues “aún vivimos en una cultura de no buscar los trapitos a nuestros jefes, porque a final de cuentas, son los que nos pusieron allí”.
ODEBRECHT, SIN CASTIGO EN MÉXICO
Hasta la fecha y a partir de la denuncia de 2016, la Secretaria de la Función Pública (SFP) tiene vigente una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quienes resulten responsables en la comisión de ilícitos. Más allá de los señalamientos de corrupción, sólo una persona ha sido objeto de un proceso penal en su contra, aunque no por parte de las autoridades mexicanas.
En enero de 2018, el Ministerio Público de Perú emitió una orden de captura en contra del empresario mexicano Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, buscado por formar parte del llamado “Club de la Construcción”, un grupo de empresarios ligados a Odebrecht que consiguió contratos de obra pública en Perú, a cambio de sobornos.
En Brasil, las acciones de procuración de justicia han sido directas. El 8 de marzo de 2016, un juez brasileño sentenció a Marcelo Odebrecht (presidente de la constructora) a 19 años y 4 meses de prisión. La sentencia dictada correspondió a los cargos de “corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir”, derivado del pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras (la corporación semipública de petróleo de Brasil). También, 77 directivos de la compañía han sido investigados o encarcelados en el país sudamericano.
La situación de Odebrecht en México ratifica los hallazgos del nuevo informe de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. Dicho documento señala que, en México, el cumplimiento de la Convención contra la corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es mínima o nula.
Por ello, la organización internacional urgió la necesidad de que, en el marco de una nueva administración, las autoridades federales garanticen las condiciones necesarias para que la Fiscalía General pueda investigar, perseguir y castigar a aquellos funcionarios públicos y personas físicas y morales (nacionales y extranjeras) que incurran en ilícitos.
LA HISTORIA DE ODEBRECHT EN MÉXICO
Las administraciones de Calderón y Peña “pagaron a Odebrecht contratos por unos 1 mil 429 millones de dólares para el proyecto fallido de elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula. Además, cancelaron inversiones propias [de Pemex] para cederles el negocio del etileno […]. Pemex también les asignó, sin concurso de por medio, la construcción del [gasoducto Los Ramones II], de acuerdo con datos tomados de registros públicos, en contratos y en las observaciones de la ASF”, refiere La Negra Historia de Odebrecht en México, una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esa millonaria inversión –refiere MCCI– fue para un “fallido proyecto” cuya finalidad era aprovechar los residuales de energéticos para elevar la producción de combustibles en México.
Mientras que Pemex apoyó la modernización de las tres refinerías para reducir la importación de gasolinas de 40 a 34 por ciento entre 2011 y 2016, la realidad contradijo a la empresa productiva del Estado. Según datos de la Secretaría de Energía (Sener), el porcentaje de gasolina importada para 2016 superó el 60 por ciento. Es decir, “el proyecto fracasó” porque la producción nacional cayó y las importaciones se dispararon.
La historia de Odebrecht en México inició en 2005 durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando la compañía y dos de sus filiales (Mina-Trico y Ebramex) obtuvieron dos contratos por licitación internacional, para la modernización de la Refinería “General Lázaro Cárdenas”, localizada en el municipio de Minatitlán, en Veracruz. A pesar de que las obras debían de estar listas para marzo de 2008, Odebrecht no cumpliría con el acuerdo hasta después de 2012.
Al cabo de esos años, las obras no sólo presentaron un sobrecosto de 66.16 por ciento (al pasar de 634.9 a 1 mil 055 millones de dólares) sino que, en mayo de 2012, la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa le otorgó 143 millones de dólares (mdd) adicionales para concluir la obra, además de 11 mdd que la empresa brasileña se embolsó por 35 contratos complementarios que Pemex le adjudicó de manera directa. Al final del sexenio calderonista, el total de excedentes y contratos adicionales supuso la erogación de 420 mdd.
En 2009, por ejemplo, Odebrecht obtuvo cuatro contratos por 2.2 millones de dólares (ROPA03609P, ROPA02709P, ROPA02809P y ROPA02909P) “para el mejoramiento masivo de suelos, el diseño de un cabezal de desfogue para una planta petroquímica, el cambio de materiales en calentadores de la refinería [de Minatitlán] y modificaciones en los reactores y enfriadores de gas de la unidad recuperadora de azufre”, mismos que fueron detectados por la ASF.
Al respecto, en su auditoría de 2012, el órgano que revisa el uso de los recursos públicos determinó que algunos de los contratos firmados en años anteriores presentaron irregularidades, como en el caso del acuerdo ROPA02709P, en que fueron realizados “pagos en exceso a la contratista por 77 mil 700 dólares, debido a que los conceptos de los trabajos pagados ya estaban contemplados dentro del precio ofertado” en otro contrato (PR-OP-L-002/05P). Sólo en 2009 –refieren datos de la ASF– los pagos excesivos e injustificados sumaron 32.7 millones de dólares.
Asimismo, el 19 de febrero de 2010, Pemex Gas y Petroquímica Básica firmó un contrato mixto con las empresas Braskem (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa para el suministro de 66 mil barriles de gas etano al día. Para ello, Odebrecht obtuvo el permiso del Gobierno federal para la construcción de la Planta Petroquímica Etileno XXI –ubicada en el estado de Veracruz– para la producción de etileno y polietileno de alta y baja densidad.
El coloso de 31 mil toneladas de acero inició operaciones en abril de 2016, luego de cinco años de construcción y una inversión de 5.2 mil millones de dólares (que representaron un sobrecosto de 160 por ciento, en comparación con el costo inicial, estimado en 2 mil mdd).
El año en que Odebrecht celebró la firma de su primer gran contrato con Pemex (2010), fue el mismo año en que la ASF comenzó a detectar irregularidades en diversos acuerdos por adjudicación directa entre la compañía brasileña y la empresa productiva del Estado. Y el mismo año en que los sobornos a funcionarios públicos mexicanos (a cambio de contratos) comenzaron a fluir, de acuerdo con las declaraciones rendidas por altos funcionarios de la compañía brasileña, en diciembre de 2016.
¿QUÉ LE ESPERA A ODEBRECHT CON AMLO?
En agosto de 2018, el virtual Secretario de Comunicaciones y Transportes de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Javier Jiménez Espriú, aseguró que en el próximo sexenio todos los contratos de Odebrecht serían suspendidos ya que “hay mucha corrupción y vamos a resolver ese problema”. Las palabras de Jiménez, inclusive, fueron respaldadas por Rocío Nahle García, quien fue propuesta por AMLO para dirigir la Secretaría de Energía (Sener).
En la misma conferencia de prensa, al término de una reunión en la que participaron el político tabasqueño y el empresario Carlos Slim Helú, Nahle refirió que “vamos a erradicar la corrupción en todos los sectores”, incluidos el energético y el de la construcción en que han habido “escándalos bochornosos que tenemos que eliminar”.
Para lograr reducir la corrupción y asestar un golpe contundente contra la impunidad, es necesario que los organismos técnicos –por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía– no sólo cumplan funciones administrativas sino que, además, pueden elaborar expedientes que sirvan verdaderamente de antecedente para una acción penal, explicó el doctor Rodrigo Soto Morales de la Universidad Panamericana.
En el caso de la SFP –que se encarga de las investigaciones en torno a funcionarios públicos– y de la ASF, el especialista en materia de seguridad urgió la necesidad de fortalecerlas en materia de fiscalización, que es uno de los tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), además de la transparencia y la rendición de cuentas.
La batalla en contra de la corrupción y la impunidad “no se acaba de ganar, de manera pareja, si sólo nos atendemos a dejar al Ministerio Público [la PGR] toda la carga legal de la prueba”, comentó. En su opinión, el problema es que aún no funciona el SNA, situación agravada por la carencia de los fiscales General y Anticorrupción, además de la falta de reforzamiento de los magistrados de los tribunales en la materia. Sin estos elementos –enfatizó– “el law enforcement no se logra y se vulnera la seguridad nacional”.
Asimismo, el académico reconoció que “lo que falta no es más leyes y más reglamentos. Lo que falta son dos aspectos políticos, aunque suene muy obvia la respuesta: compromiso y voluntad de los tres Poderes [de la Unión]”. En ese sentido, el contrapeso entre poderes debe de ser modificado y regulado para evitar caer en una “parálisis de Estado”.
Sobre este último punto, el maestro José Antonio Zavaleta Landa de la UNAM mencionó que la coyuntura actual de apatía de las autoridades mexicanas ante los escándalos de corrupción de Odebrecht y Pemex, es un tema de verdadera autonomía de los Poderes de la Unión que requiere del establecimiento y aplicación real de mecanismos que obliguen a las autoridades, más allá de la voluntad política y de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, a que las observaciones de instituciones –e inclusive de la sociedad civil y de los medios de comunicación– deriven en una investigación con desahogo de diligencias, e incluso, acción penal.
“Tendría que haber una atracción de casos de oficio en un primer momento. Además, utilizar las investigaciones disponibles como coadyuvantes en una investigación judicial”, porque lo que hoy presenciamos es la “vulneración del Estado por parte de poderes fácticos, en este caso, empresas multinacionales”.
(FUENTE: NODAL)
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