Eduardo Marcos Rueda, profesor de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la USMP
El último mensaje del Presidente de la República trajo varias propuestas interesantes. Comentemos lo referido a la Seguridad Social en que, lamentablemente, aludió sólo al ámbito de pensiones y, dentro de él, a las que administra la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Lo que dijo
Martín Vizcarra señaló que la ONP es la entidad pública más demandada ante el Poder Judicial y analizó el problema: “la lucha de los ancianos en los fueros judiciales”, indicando que los jueces deben disponer de más tiempo para actos de corrupción “y no en dar lucha a nuestros adultos mayores a quienes (…) debemos proteger y brindarles una vejez digna”. Además, determinó que la ONP presente en 15 días un plan de “descarga procesal” que evite trámites innecesarios y maltratos.
El mandatario abordó el problema de procedimiento, pero no de fondo. Desde mediados de los noventa se generó el problema de la judicialización de las pensiones y el Poder Judicial se comenzó a poblar de demandas en contra de la ONP. Los principales reclamos eran respecto a la vulneración de derechos del Sistema Nacional de Pensiones o sobre un menor monto en sus pensiones. Después del procedimiento administrativo que, en determinados casos, demora más de un año —incluyendo recursos administrativos— el afectado presenta su demanda ante el Poder Judicial.
El Poder Judicial, en su momento, se vio obligado a crear juzgados, salas especializadas y salas de la Corte Suprema para que resuelvan estos casos. Incluso, al inicio, la gran mayoría llegaba hasta el Tribunal Constitucional. Ya se pueden imaginar el tiempo total de demora, sumando el trámite administrativo y el judicial. En caso de ganar el juicio la espera es aún más larga debido a que el pago de la pensión, devengados e intereses acumulados, demora otros meses más.
Todo éste problema de judicialización genera, de una parte, demora en el trámite, falta de garantía del reconocimiento de un derecho por diversos tipos de interpretación legal, costos presupuestales para la ONP que tiene contratados estudios jurídicos privados para su defensa (obviamente, cobran, ganen o pierdan), costos para el futuro pago con intereses en caso de ganar el asegurado o jubilado, etc. Y cuidado que, a veces, la solución judicial no es de una adecuada interpretación normativa.
La propuesta
Si la propuesta de la ONP (plan de “descarga procesal”) incluye sólo el procedimiento administrativo (agilización de trámites, por ejemplo), solo se soluciona una parte del problema. Si el diagnóstico es también sobre la judicialización, debería incluir propuestas sobre los procesos judiciales.
El problema, entonces, es administrativo y judicial. Y (además de una mayor fortaleza al Tribunal Administrativo Previsional) en el ámbito judicial podría proponerse normas sobre el allanamiento o desistimiento por parte de la ONP en determinados procesos (del cual ya hay varias propuestas legislativas); plazos indefectibles para resolver; inmediatez para el pago de pensiones en ejecución de sentencias, por ejemplo.
Lo que no dijo
El jefe de Estado no tocó el problema del financiamiento de Essalud, afectado por la reducción de aportes de las empresas en los casos de los trabajadores agrarios; aportes en las gratificaciones; los Contratos de Administración de Servicios (CAS); la incorporación de personas sin el debido financiamiento; falta de norma con sanciones duras para casos de fraude (concubinatos falsos, ingresos a empresas fantasmas, asegurados que no son); mejoras y oportuna atención asistencial, etc.
Y en pensiones, lo que afecta al Sistema Privado de Pensiones: la baja cobertura, la insuficiencia de las pensiones, las comisiones altas, entre otras, que incluso, han sido materia de críticas y recomendaciones del mismo Fondo Monetario Internacional. Algo parecido está sucediendo en varios países de América latina, como Chile y México (con algunas protestas populares) que se encuentran en vías de asumir reformas.
Parece pues que, por el momento, seguiremos en las mismas. No hay visos de plantear cambios sustanciales para afrontar todos estos problemas, en nuestro país.
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