En medio de los crecientes desafíos que plantean el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y las perturbaciones económicas mundiales, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), redobló en 2021 su compromiso con las comunidades rurales más pobres del mundo, logrando mejorar las vidas de 128 millones de pequeños agricultores y personas vulnerables que habitan en las áreas rurales de los países en desarrollo.
Esta es la principal conclusión del Informe Anual 2021 del FIDA, la agencia de las Naciones Unidas para el desarrollo rural. El texto detalla los esfuerzos realizados el año pasado por la agencia para proporcionar ayuda a las poblaciones rurales más necesitadas del planeta. Durante dicho periodo, el 49 % de los beneficiarios directos de los proyectos apoyados por el FIDA fueron mujeres, y el 22 %, jóvenes.
“Sabemos que el empoderamiento económico de las mujeres es la clave de un mayor empoderamiento de las comunidades rurales en general, y que hay más de 600 millones de jóvenes que viven en las zonas rurales del planeta que necesitan nuestra ayuda”, señaló Gilbert F. Houngbo, Presidente del FIDA.
“Las inversiones del FIDA en estos sectores de población contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y aumentar la resiliencia económica del conjunto de las comunidades rurales. Estas comunidades producen un tercio del total de los alimentos del mundo. Sin embargo, demasiado a menudo, no reciben el apoyo que merecen”, dijo.
En 2021, el FIDA financió 27 proyectos en 17 países en América Latina y el Caribe, invirtiendo más de USD 487 millones de fondos propios. Estos 27 proyectos representaron una inversión total de USD 1 300 millones, lo que demuestra la capacidad de esta agencia de Naciones Unidas para movilizar fondos de otros donantes, tanto nacionales como internacionales.
La pandemia tuvo durante 2021 un profundo impacto en la región, en donde el hambre y la inseguridad alimentaria crecieron más rápido que en cualquier otra parte del mundo. En este contexto, el apoyo del FIDA a los pequeños agricultores latinoamericanos continuó firme, y centró sus esfuerzos en mejorar la vida de los grupos rurales más vulnerables —mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes— y en promover la adaptación de las comunidades rurales al cambio climático y a la preservación de la biodiversidad.
Así, en el noreste semiárido de Brasil, el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en la Región Semiárida de Bahía (Pro-Semiárido) promueve exitosas iniciativas en el campo de la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad. Entre ellas destaca el apoyo a grupos de «guardianes de semillas», que recolectan y almacenan semillas nativas, mucho más adaptadas al entorno y capaces de sobrevivir en condiciones climáticas adversas.
“Estas semillas son extremadamente importantes”, indica la guardiana de semillas Jacimara Pereira: “Además de mantener la vegetación del lugar, ayudan a que crezca la producción de la región y también nuestra economía”.
En América Latina y el Caribe, los jóvenes han sido objeto de atención preferencial en las operaciones del FIDA. Una evidencia de este compromiso fue el lanzamiento del proyecto Puentes, que creará empleos y oportunidades económicas para casi 5 000 jóvenes rurales de Bolivia, Colombia y Honduras al fomentar los vínculos entre la gastronomía, la hostelería y la agricultura familiar.
Aunque todos los proyectos en curso están implementando iniciativas para cerrar la brecha de género es importante destacar lo logrado por el Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua (NICAVIDA), el cual combina iniciativas para crear oportunidades de emprendimiento para las mujeres y un enfoque colaborativo que ha logrado unir a mujeres y hombres para transformar las relaciones de género.
“Ha sido un gran cambio para nosotras, las mujeres”, manifiesta Juana María Miranda, participante de NICAVIDA. “Antes no nos tenían en cuenta para nada, pero hoy sí”, afirma.
El Informe Anual resume las actividades del FIDA, que al tiempo que una agencia de Naciones Unidas es una institución financiera internacional que moviliza fondos, experiencia técnica y otros recursos para combatir la pobreza y el hambre entre los 3 400 millones de personas que viven en las zonas rurales de los países desarrollo.
Hoy, cuando el hambre está creciendo en el mundo y el cambio climático está dañando la producción agrícola, el mandato del FIDA de garantizar la seguridad alimentaria global es más decisivo que nunca. Así lo han reconocido los 177 Estados miembros del FIDA al comprometer una cantidad récord de USD 1 550 millones de dólares para la ejecución de su programa de trabajo 2022-2024.
El año pasado, algunos de esos fondos se destinaron a ampliar la iniciativa de respuesta del FIDA a la COVID-19, el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre (RPSF, por sus siglas en inglés). El objetivo del RPSF es ayudar a las personas a superar las pérdidas financieras causadas por la pandemia y, al mismo tiempo, proteger el suministro mundial de alimentos.
La pandemia provocó serias alteraciones en los mercados. Entre ellas, la interrupción de la cadena de suministro de insumos agrícolas y el transporte. Para superar estas dificultades, el RPSF proporcionó semillas, fertilizantes, financiamiento e información a alrededor de 20 millones de pequeños agricultores en 59 países entre los que se encuentran Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Perú. Además, se incrementó el apoyo a iniciativas para que los pequeños agricultores puedan acceder a servicios digitales de marketing y financiamiento.
En el Informe Anual 2021 también se ponen de relieve los esfuerzos del FIDA para movilizar un mayor volumen de recursos del sector privado. Esto ha sido posible gracias a la calificación crediticia de A++ que el Fondo alcanzó en 2020.
Las iniciativas desarrolladas en 2021 sirven ahora como base para activar la Iniciativa de Respuesta a la Crisis del FIDA, que aspira a hacer frente a la emergencia alimentaria desatada por la guerra en Ucrania. Esta iniciativa prioriza la atención a 22 países con necesidades urgentes, y opera actualmente en los seis que se encuentran en estado crítico: Afganistán, Etiopía, Haití, Mozambique, Somalia y Yemen.
“Nuestra misión, aun en el actual contexto del conflicto, COVID-19 y cambio climático, es innegociable: transformar las economías y los sistemas alimentarios rurales e impulsar un desarrollo más sostenible e inclusivo de los pequeños agricultores y sus comunidades”, señaló Houngbo.
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