En los nueve centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación que hay en el país se registran 3 273 adolescentes infractores, según datos del Ministerio de Justicia del 2023. La principal infracción registrada es el robo agravado, le sigue las infracciones contra la libertad sexual.
Estas cifras preocupan, porque revelan que la inseguridad ciudadana sigue ganando terreno en el país y que cada vez hay menos educación sexoafectiva en los chicos, debido a la gran facilidad para acceder a la pornografía.
Las medidas de internamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal varían de acuerdo con la infracción y la edad del menor. Estas van desde la amonestación hasta los seis años de internamiento en un centro juvenil.
Sin embargo, esta sanción puede aumentar hasta los diez años en los casos que el adolescente tenga entre 16 y 18 años y haya incurrido en una infracción de violación sexual de menor seguida de muerte o lesión grave o haya participado en un hecho de sicariato.
En caso se disponga el internamiento de un menor en un centro juvenil, la medida tiene como objetivo brindar un tratamiento especial al adolescente, orientándolo a que encuentre otras formas de afrontar la vida.
Como sociedad aspiramos a que nuestros jóvenes en vez de estar cometiendo infracciones, dediquen su tiempo a estudiar o trabajar. Para ello necesitamos que los padres transmitan amor, respeto y comprensión; informando a sus hijos sobre los peligros que le rodean, tanto fuera de la casa como dentro. No olvidemos que, en los casos contra la libertad sexual, el 70 % de los agresores son personas cercanas a la familia o son familiares (primos, tíos, etc.).
El Estado por su parte, tiene que transformar los barrios urbano-marginales en comunidades seguras, recreativas y saludables. Fomentar la exploración personal de talentos e intereses de los niños y jóvenes en barrios en contexto de vulnerabilidad. Aquí los maestros juegan un papel importante.
Por otro lado, hay que apoyar la reinserción en la sociedad de los y las jóvenes a la salida de los centros juveniles de rehabilitación, y facilitar el cambio a través de la capacitación e inserción profesional.
Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela que las estrategias más prometedoras impulsadas por varias ciudades de la región, han logrado una combinación de medidas preventivas y de control que se basan, entre otros, en la priorización de acciones de prevención enfocadas en los grupos más vulnerables, una mayor participación del sector privado y de las mismas comunidades, y un uso estratégico de las nuevas tecnologías.
Cabe resaltar que las medidas de internamiento se aplican a los adolescentes de entre 14 a 18 años, ya que si es menor de 14 años se establecen medidas de protección.
Por: Dr. Tullio Bermeo Turchi.Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
