Afirma coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina
El coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró que no se tomaron las acciones preventivas para evitar que Lupe Zevallos abandone la audiencia en la que se realizaba la lectura de sentencia contra ella, su hermano y el exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos y otros en un proceso por lavado de activos.
«Creo que allí ha habido un error del órgano jurisdiccional de no tomar las medidas preventivas «, sostuvo Chávez Cotrina en declaraciones a canal N.
Lupe Zevallos Gonzales, hermana del exdueño de Aerocontinente Fernando Zevallos, se retiró de la audiencia minutos antes de que sea condenada a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos, informaron medios de comunicación.
Chávez Cotrina explicó que cualquiera de la partes que participan en una audiencia judicial deben pedir autorización al presidente y miembros de la Sala para la salir del recinto, pues son «los únicos que dan permiso a cualquiera de las partes».
El magistrado dijo no sentirse sorprendido de la fuga de Lupe Zevallos, ya que había una gran posibilidad de que fuera sentenciada gracias a la labor de la fiscalía, que subrayó, presentó una acusación muy bien planteada.
«Durante los alegatos finales en los últimos meses se veía venir porque la fortaleza probatoria del Ministerio Público, los abogados de la defensa no la podían contrarrestar y obviamente de antemano se sabía que podría haber una sentencia severa y obviamente ante ese hecho Lupe Zevallos ha preferido salir de la sala y estar en clandestinidad», expresó.
Indicó que lo que corresponde ahora es que el Poder Judicial emita la orden de ubicación y captura a fin que la Policía Nacional encuentre a Zevallos y a otras personas involucradas en el mismo proceso judicial que no asistieron a la lectura de sentencia.
El Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios condenó a los hermanos Fernando y Lupe Zevallos Gonzales a 27 y 25 años de cárcel, respectivamente, por el delito de lavado de activos.
(Fuente: Andina)
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