Instrumento fue promovido por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Democrática.
Tras meses de trabajo coordinado entre los integrantes de la Red Regional Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas de la Región Huánuco y el Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Dirección General de Seguridad Democrática, fue aprobado el plan regional para el periodo 2018–2021 por el gobierno regional de dicho departamento.
El director general de Seguridad Democrática, Miguel Huerta Barrón, indicó que el plan regional tiene como marco al Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017–2021 y que contó con la asistencia técnica y metodológica de un equipo especializado en el tema del Mininter.
Asimismo, señaló que, para garantizar el cumplimiento del plan regional, el cual fue elaborado durante el 2017 en diversos talleres, la Dirección General de Seguridad Democrática continuará asesorando a la Red Regional contra la Trata de Personas de la Región Huánuco.
Por su parte, Ada Gonzales Soto, gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), resaltó la publicación de este documento. “Es una herramienta que guiará las políticas públicas y acciones policiales contra el delito denominado la ‘esclavitud del siglo XXI’ en nuestra región. La asistencia del Ministerio del Interior fue primordial”, recalcó.
La representante del Gorehco señaló que por medio de la Red Regional Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas se iniciará el seguimiento de las acciones para el cumplimiento de dicho instrumento en esa región.
Algunas de las propuestas del plan regional al 2021 son que al menos el 70% de planes municipales de seguridad ciudadana incluyan acciones en contra el delito de trata de personas, que el 100% de víctimas rescatadas cuenten con un abogado asignado y que el 30% de casos con sentencia condenatoria cuenten con reparación integral a la víctima.
La Red Regional Multisectorial de Lucha contra la Trata de Personas de la Región Huánuco está integrada por funcionarios de diversas instituciones del Estado, la Policía Nacional del Perú (PNP) y organizaciones de la sociedad civil.
