Informe de control detecta la adulteración de datos atléticos en el último proceso de admisión, forzando una reestructuración institucional.
Una fiscalización de la Contraloría General de la República detectó graves anomalías en el proceso de selección de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra, al comprobarse que 17 postulantes que reprobaron el examen antropométrico fueron declarados aptos mediante la adulteración de los registros oficiales.
El fraude se hizo público a través del programa periodístico Ocurre Ahora de ATV, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la debilidad de los filtros de ingreso en una institución golpeada por constantes crisis de idoneidad. Actualmente, el panorama institucional es crítico: más de 500 policías cumplen prisión efectiva por nexos con el crimen organizado y otros 22,000 agentes afrontan investigaciones por faltas administrativas y delitos penales, vinculando este deterioro con las severas deficiencias estructurales en las etapas de captación y formación de los futuros custodios del orden.
Evidencia audiovisual desmiente las actas oficiales de la junta de selección
Las evaluaciones bajo cuestionamiento se realizaron el pasado 5 de junio, jornada en la que participaron más de 4,000 aspirantes en las pruebas de talla y peso. Ante un desperfecto en el sistema informático de la institución, personal de inteligencia policial procedió a filmar íntegramente las evaluaciones. Este material audiovisual se convirtió en el elemento probatorio clave para que la Contraloría realizara un cruce de información con los documentos físicos.
La auditoría demostró de forma contundente que las adulteraciones no correspondieron a errores fortuitos, sino a una manipulación sistemática orientada a beneficiar a un grupo específico de postulantes que excedían el índice de masa corporal permitido, permitiendo de manera ilícita su continuidad hacia las siguientes fases del concurso de admisión.
Casos específicos y tipicidad delictiva según especialistas
Las alteraciones métricas se ejecutaron de forma inmediata durante el pesaje en la Escuela de Oficiales. Entre los casos más notorios detectados por el ente de control figuran los siguientes expedientes de adulteración documental:
- Postulante de 18 años: Registró un peso real en balanza superior a los 74 kilogramos, pero en el acta oficial se le consignaron falsamente 69 kilogramos para otorgarle el apto.
- Segundo aspirante evaluado: Arrojó un peso físico de 81 kilogramos en el control técnico, el cual fue rebajado fraudulentamente a 76 kilogramos en los papeles institucionales.
El ex-ministro del Interior, Rubén Vargas, descartó cualquier posibilidad de fallas técnicas o descuidos humanos en el proceso, señalando la existencia de un dolo explícito. Vargas enfatizó que la alteración de datos de tallas y pesos en un concurso público configura de forma automática el delito de cohecho, una infracción penal y administrativa grave que acarrea sanciones drásticas, incluyendo el pase a la situación de retiro definitivo para los oficiales y suboficiales de la junta de selección involucrados. Asimismo, vinculó de forma directa la presencia de policías recién egresados en bandas criminales con la corrupción instalada en los comités de ingreso.
Ausencia de descargos institucionales y exigencia de reformas
La rigidez de los estándares físicos busca garantizar la idoneidad del personal y su cumplimiento es obligatorio para resguardar la transparencia del reclutamiento. Analistas del reportaje calificaron como escandalosa la reducción artificial de peso con el consentimiento de las propias autoridades encargadas de custodiar la legalidad del proceso, destruyendo la predictibilidad de los concursos públicos.
Hasta el momento del cierre de la presente edición, la Policía Nacional del Perú no ha emitido ningún pronunciamiento oficial ni ha deslindado responsabilidades respecto a las irregularidades señaladas por la Contraloría. Ante el silencio institucional, la opinión pública y diversas organizaciones civiles exigen una reestructuración profunda e inmediata de los mecanismos de admisión para recuperar los estándares éticos exigidos en la función policial.
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