Imputada fue capturada mientras exigía el pago ilegal de hasta S/ 70 diarios a los transportistas.
El Tercer Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte logró que se dicte seis meses de prisión preventiva contra Yovana Barreto (40), investigada por la presunta comisión del delito de extorsión agravada en perjuicio de transportistas cuyas identidades se mantienen bajo clave de reserva.
La medida judicial fue obtenida por la fiscal adjunta provincial Leidy Jahaira Núñez Flores, tras sustentar los graves elementos de convicción que vinculan a la imputada con el cobro sistemático de dinero ilícito a conductores de transporte público en el distrito de San Martín de Porres.
Captura en flagrancia y modus operandi en paradero informal
El operativo policial se ejecutó luego de que las autoridades recibieran alertas sobre las coacciones que sufrían los choferes de una empresa de transportes, quienes eran obligados a pagar hasta S/ 70 diarios a una despachadora de vehículos.
La actividad criminal se concentraba en el paradero ubicado en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Alejandro Bertello, donde los transportistas eran amenazados con sufrir atentados contra su integridad física y la de sus familiares si se negaban a cumplir con las exigencias económicas. Los agentes del orden intervinieron a la mujer en flagrante delito mientras subía a las cúster para recaudar el dinero y registrar los pagos en una tablilla de control.
Elementos probatorios y suficiencia legal del Ministerio Público
Al momento del arresto, las fuerzas policiales incautaron a la investigada dinero en efectivo, un teléfono celular y diversos apuntes relacionados con la recaudación ilegal, siendo señalada directamente como la recaudadora de los cupos extorsivos.
Durante la audiencia, la fiscalía fundamentó el requerimiento restrictivo mediante las actas de intervención policial y registro personal, análisis de cámaras de seguridad, pericias grafotécnicas y la visualización del contenido telefónico de la detenida. Dichos elementos técnicos permitieron al Juzgado declarar fundado el pedido de prisión preventiva para asegurar la continuidad de las investigaciones penales.
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