La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, bajo la gestión del fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, logró la ratificación de la sentencia que permite al Estado peruano recuperar dos barras de oro valorizadas en S/ 2,506,474.40. El fallo confirma que los lingotes tienen un origen ilícito vinculado a la minería ilegal, consolidando un importante golpe financiero contra la explotación no autorizada de recursos minerales.
Las barras de metal precioso, con un peso individual de 6.16 kg y 6.17 kg, fueron interceptadas en agosto de 2022 cuando se pretendía su exportación hacia India. La operación comercial era gestionada por una empresa intermediaria bajo el encargo de Julio Chambi y Gomercindo Condori, quienes intentaron movilizar el cargamento evadiendo los controles de procedencia legal.
Falta de acreditación y nexo con la criminalidad
A pesar de que ambos sujetos figuraban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), no contaban con la documentación técnica ni legal que respaldara la extracción o posesión de los lingotes.
Esta inconsistencia permitió a la Fiscalía Especializada acreditar que los metales eran producto de actividades mineras fuera de la ley, logrando así su transferencia definitiva al patrimonio del Estado.
Compromiso institucional contra las economías ilegales
Con esta resolución de segunda instancia en mayo de 2026, el Ministerio Público reafirma su capacidad técnica para aplicar la Ley de Extinción de Dominio. Esta herramienta jurídica resulta fundamental para desarticular las estructuras económicas de la minería ilegal, asegurando que los bienes obtenidos mediante delitos ambientales y financieros sean recuperados en beneficio de la nación peruana.
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