La Fiscalía señala vacíos jurisprudenciales y vacilaciones tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre extinción de dominio.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, oficializó la creación de una comisión multidisciplinaria encargada de redactar un proyecto de reforma integral al marco legal de extinción de dominio en el Perú. La medida fue formalizada este viernes 28 de agosto mediante la Resolución 2621-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano.
Esta iniciativa responde a la incertidumbre normativa generada tras las modificaciones introducidas por el anterior Parlamento (Ley 32326) —que eliminó la autonomía del proceso al exigir una sentencia penal firme para la mayoría de delitos— y la posterior resolución del Tribunal Constitucional (TC), que acotó el decomiso de bienes al ámbito del crimen organizado y prohibió su aplicación retroactiva.
En las consideraciones de la resolución, el Ministerio Público advierte que los recientes cambios legislativos y jurisprudenciales no han resuelto las incompatibilidades procesales ni garantizado el respeto a los derechos fundamentales.
La entidad sostuvo que la falta de claridad en las normas vigentes compromete la eficacia de la extinción de dominio, por lo que resulta indispensable formular una propuesta técnicamente fundamentada que preserve el debido proceso, la propiedad lícita y la protección a terceros de buena fe. El grupo de trabajo dispondrá de un plazo inicial de tres meses para presentar un informe final que incluya la propuesta normativa, su exposición de motivos y las recomendaciones operativas.
La comisión será presidida por el propio Tomás Gálvez e integrada por destacados fiscales y coordinadores nacionales, entre ellos Alonso Peña Cabrera Freyre (Extinción de Dominio), Jorge Chávez Cotrina (Criminalidad Organizada), Reggis Chávez Sánchez (Corrupción de Funcionarios), Juan Mendoza Abarca (Lavado de Activos) y Hamilton Castro Trigoso.
Asimismo, el equipo multidisciplinario sumará representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Justicia (Minjusdh), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Pronabi, la Sunat, la SBS, la Sunarp y el Basel Institute on Governance, entidad que asumirá la Secretaría Técnica del grupo.
Acerca del autor
