Informó el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán
La norma que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar preventivamente fondos y activos vinculados a delitos de extorsión tiene como objetivo cortar el flujo económico de los extorsionadores y permitir la posterior recuperación del dinero para las víctimas, señaló el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí Guzmán.
El viceministro destacó la importancia de esta norma, que extiende las competencias de la UIF, previamente limitadas al lavado de activos proveniente del narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo.
“Ahora, en función a la coyuntura actual, sabemos que la extorsión es un problema latente, entonces se ha ampliado ese alcance y va a alcanzar a estos delitos de extorsión”, precisó.
De acuerdo con la normativa, la Policía Nacional del Perú será la encargada de recibir las denuncias y, en el marco de sus investigaciones preliminares, solicitar a la UIF el congelamiento de las cuentas sospechosas. Una vez solicitado el bloqueo, la UIF deberá evaluar la situación y, en un plazo máximo de 24 horas, remitir la medida al Poder Judicial para su ratificación.
“La UIF ordena el congelamiento y pone en conocimiento a la entidad bancaria internacional para que también congelen esos dineros”, explicó Napurí.
El viceministro resaltó que este procedimiento, que ya está vigente desde el jueves, constituye una herramienta importante para desarticular redes de extorsionadores. Además, existe la posibilidad de que el dinero congelado sea devuelto a las víctimas si el Ministerio Público verifica que proviene de la extorsión y solicita su devolución al Poder Judicial.
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Acciones del cuarto de guerra
Otra de las iniciativas del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado es el fortalecimiento de la seguridad en los penales, una tarea que el viceministro describió como parte de las acciones del “cuarto de guerra”.
En esa línea, el pasado viernes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo de supervisión y requisas simultáneas en 66 penales a nivel nacional. Durante el fin de semana, las inspecciones continuaron en los penales de Castro Castro, Lurigancho y Callao.
“Se encontraron productos indebidos que evidencian que aún se vulnera la seguridad. Por ello, estamos trabajando en normativas para fortalecer el sistema penitenciario”, señaló Napurí.
Además, al ser consultado sobre la iniciativa de la presidenta Dina Boluarte de aplicar la pena de muerte a extorsionadores, destacó que el Ministerio de Justicia viene participando en los debates promovidos por la mandataria sobre la aplicación de la pena de muerte en casos de sicariato, extorsión y otros delitos relacionados con el crimen organizado. Las recomendaciones finales sobre esta propuesta serán presentadas por la comisión sectorial encargada, señaló.
Fuente: Agencia Andina
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