Wanda del Valle recibió seis años de pena efectiva por planear el homicidio del general Víctor Revoredo.
A pocos días de que el Poder Judicial emita un pronunciamiento definitivo, la ciudadana extranjera Wanda del Valle Bermúdez reapareció mediante una audiencia virtual de apelación para solicitar su excarcelación. Durante su comparecencia, la procesada negó nuevamente haber ofrecido compensaciones económicas para atentar contra la integridad del general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, sosteniendo que las imputaciones en su contra se desprenden exclusivamente del vínculo sentimental que mantuvo con el abatido delincuente Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’, integrante de una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Declaraciones ante el Ministerio Público y antecedentes de la extradición
Durante el interrogatorio conducido por el representante del Ministerio Público, Del Valle Bermúdez rechazó poseer nexos con los coimputados Luis Castaño Flores y Deivis Godoy Rodríguez, cuyos testimonios iniciales ante la autoridad fiscal la señalaban como la persona que intentó financiar el homicidio del alto mando de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
La sentenciada, quien fue capturada en Colombia a fines de 2023 y posteriormente extraditada a Lima durante el año 2024, afronta actualmente el cumplimiento de su pena efectiva dentro del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos. La sala penal superior a cargo del recurso impugnatorio programó la lectura de la resolución de apelación para determinar si confirma o revoca la sanción.
El origen de la investigación preparatoria se remonta al año 2023, tras la incorporación del testimonio de un testigo protegido que reveló el ofrecimiento de una suma neta de 14 mil soles para ejecutar el asesinato del entonces coronel Víctor Revoredo, en represalia por los operativos policiales desplegados contra las mafias de extorsión y sicariato.
Además de los seis años de pena privativa de la libertad fijados en primera instancia, la sentencia judicial impone el pago de una reparación civil de 15 mil soles en favor del agraviado y ordena su expulsión inmediata del territorio peruano una vez cumplida la totalidad de la condena, quedando formalmente prohibido su reingreso al país bajo los apercibimientos de la normativa penal vigente.
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