Artículo de opinión
El presidente chileno José Antonio Kast ha colocado la lucha contra el crimen organizado en el centro de su gobierno. Su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo reúne alrededor de treinta iniciativas, entre ellas una reforma constitucional para reconocer la seguridad como derecho de la población y deber esencial del Estado, así como medidas especiales destinadas a impedir que los cabecillas continúen dirigiendo sus organizaciones desde los establecimientos penitenciarios.
La propuesta aparece cuando el gobierno chileno enfrenta una rápida caída de popularidad, pero sería un error reducirla a una maniobra política. El crimen organizado ha dejado de ser un problema exclusivamente policial y se ha convertido en una amenaza contra el Estado, la democracia y los derechos fundamentales. En ese diagnóstico, Kast tiene razón.
El Perú no necesita reproducir la reforma constitucional chilena. El artículo 44 de nuestra Constitución ya dispone, desde hace más de treinta años, que uno de los deberes primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Tenemos el mandato en la cúspide del ordenamiento jurídico, pero su cumplimiento se ha convertido en una ficción que todos lamentamos y sufrimos.
La experiencia peruana demuestra que una orden constitucional, por importante que sea, no captura delincuentes, no desarticula bandas ni recupera territorios. Tampoco impide que los cabecillas continúen impartiendo órdenes desde las cárceles. Para que la Constitución tenga eficacia necesita instituciones capaces, autoridades honestas, inteligencia criminal, presupuesto y una estrategia permanente.
El Estado peruano está hackeado por la criminalidad. Las organizaciones ilegales ya no actúan solamente desde fuera de las instituciones. Penetran municipios, mercados, transporte, minería, contratación pública, policías, cárceles y espacios políticos. La extorsión ha dejado de ser un delito marginal y se ha convertido en una economía de la muerte y el miedo. Quien no paga pierde su negocio, su medio de trabajo o su vida. El Estado, que debería garantizar seguridad, aparece tarde, fragmentado o simplemente ausente. La infiltración criminal dentro del Estado es una tragedia nacional.
De la experiencia chilena debemos recoger especialmente su dimensión penitenciaria. Chile ha incorporado a su Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, buscando coordinar la seguridad policial y carcelaria y evitar que las prisiones se consolidan como centros de operación criminal bajo tutela del Estado, Al mismo tiempo, mantiene separada la tarea de reinserción social bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia.
El Perú necesita estudiar esa reorganización y establecer un régimen penitenciario especial de máxima seguridad contra los dirigentes de organizaciones criminales. Esto supone aislamiento efectivo de sus estructuras de mando, bloqueo tecnológico comprobable de comunicaciones ilícitas, clasificación rigurosa de internos y una unidad nacional de inteligencia penitenciaria articulada con la Policía, el Ministerio Público, Migraciones, Aduanas e inteligencia financiera.
No se trata de eliminar derechos ni de copiar indiscriminadamente el modelo de excepción salvadoreño. La eficacia no debe confundirse con arbitrariedad. Un Estado democrático puede combatir con firmeza el crimen organizado y, al mismo tiempo, respetar el debido proceso, la dignidad de las personas y el control judicial. Precisamente porque defendemos el Estado de derecho debemos impedir que las organizaciones criminales lo destruyan.
El comienzo de un nuevo gobierno ofrece la oportunidad de producir un cambio de dirección. La seguridad debe dejar de depender de operativos episódicos, declaraciones de emergencia y modificaciones penales dictadas después de cada tragedia. Tiene que ser una política de Estado medible, financiada y sostenida más allá de un periodo presidencial.
La Constitución peruana ordena con claridad. Ahora corresponde que las instituciones obedezcan. El problema no es volver a escribir el deber primordial de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Se trata de construir un Estado capaz de cumplirlo.
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