Mediante decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano
El gobierno publicó este lunes el Decreto Supremo que crea el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), dependiente del Viceministerio de Justicia.
El Decreto Supremo Nº 006-2025-JUS aparece hoy en una edición extraordinaria del cuadernillo de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
El Pronapres se crea sobre la base de la intervención preventiva Cambiando Rumbos del Minjusdh, aprobada por Resolución Ministerial Nº 0268-2023-JUS, y de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario, “que se fusionan por absorción con el Pronapres, esta última en calidad de organización administrativa absorbente”.
El Pronapres tiene por objeto “mejorar las capacidades de la población que convive en contextos de riesgo criminógeno a fin de evitar que inicien o reincidan en la comisión de delitos”.
A partir de ello, el Pronapres “busca reducir la conducta violenta o delictiva en adolescentes y jóvenes en riesgo criminógeno, en conflicto con la ley penal y en la población penitenciaria, a través de acciones preventivas que anticipen la comisión de delitos en la población juvenil, así como brindando condiciones adecuadas de infraestructura, equipamiento y otros, para el tratamiento resocializador”, detalla el decreto.
El artículo 4 de la norma se refiere a los beneficiarios del programa.
Al respecto, señala que el Pronapres “tiene como beneficiarios a adolescentes y jóvenes en riesgo criminógeno propensos a desarrollar trayectorias delictivas y que no cuenten con una medida de protección de acogimiento residencial, así como a las personas bajo la administración del Sistema Penal Juvenil y el Sistema Penitenciario Nacional”.
Funciones del Pronapres
El Pronapres tiene como función diseñar, coordinar, implementar, monitorear y evaluar estrategias e intervenciones, que eviten o disminuyan el desarrollo de conductas delictivas en adolescentes y jóvenes, que se encuentran en contextos de riesgo criminógeno y que no cuenten con una medida de protección de acogimiento residencial.
Asimismo, identificar, formular, proponer, ejecutar y supervisar inversiones públicas en infraestructura para el tratamiento resocializador de adolescentes en conflicto con la ley penal y adultos en el sistema penitenciario nacional.
Fuente: Agencia Andina
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