Influencer fue trasladada de La Molina a Medicina Legal de Lima Este tras denuncia por violencia física y psicológica.
La influencer Andrea San Martín permanece en calidad de detenida en la comisaría de Santa Felicia, en el distrito de La Molina, tras registrarse una denuncia en su contra por presunta agresión física y psicológica contra su hija menor de edad.
La medida fue informada este jueves 22 de octubre por el programa Arriba mi gente, espacio que mostró un oficio policial impulsado por Juan Víctor Sánchez Díaz, padre de la niña. El documento atribuye la intervención a la supuesta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de violencia contra integrantes del grupo familiar.
De acuerdo con el informe televisivo, la empresaria acudió a la dependencia policial con el propósito de colaborar con las investigaciones, momento en el cual quedó retenida bajo la figura de presunta flagrancia. Representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se presentaron en la comisaría para coordinar acciones con el denunciante, quien se retiró del lugar a altas horas de la noche con el equipaje de la menor y sin emitir declaraciones ante la prensa.
Traslado a la sede de Medicina Legal de Lima Este
Durante las primeras horas del día, personal policial concretó el traslado de San Martín desde la sede policial hacia la división de Medicina Legal de Lima Este a fin de dar cumplimiento a los peritajes de ley. La procesada abordó la unidad policial resguardada por su abogado defensora, Wilmer Arica, evitando brindar explicaciones a los medios respecto a la denuncia formulada o al estado actual del proceso.
Las evaluaciones médico-legales resultan indispensables para determinar la existencia de lesiones o afectaciones en las partes involucradas, sirviendo como insumo técnico para que las autoridades dispongan el otorgamiento o la ratificación de medidas de protección urgentes en favor de la menor agredida.
Historial de litigios y situación legal del caso
La intervención policial ocurre dentro de un marco de prolongados conflictos judiciales entre la expareja, los cuales incluyen procesos por pensión de alimentos, régimen de visitas y antecedentes de querellas por difamación y violencia psicológica cruzada.
En agosto de 2025, la justicia peruana había establecido una pensión alimenticia de S/ 2.000 a cargo del padre de la niña, manteniéndose desde entonces diversas desavenencias de carácter legal.
Las actuaciones recaen bajo la jurisdicción de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, organismos encargados de tomar declaraciones, revisar las pericias médicas y determinar si existen elementos suficientes para disponer el inicio de una investigación preparatoria o si la denunciada recuperará la libertad bajo comparecencia restringida.
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