El expresidente Ollanta Humala se pronunció desde el penal de Barbadillo y aseguró estar «secuestrado». Por medio de una columna de opinión publicada en el diario La República, el exmandatario indicó que su encarcelamiento es «ilegal y arbitrario».
El hecho al cual hace referencia Humala, se desarrolló el 15 de abril último cuando el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011. En adelanto de fallo, el tribunal dispuso la ejecución inmediata de la pena, es decir, el internamiento de los sentenciados (Ollanta Humala, Nadine Heredia e Ilan Heredia).
Por ello, Humala fue recluido en el penal de Barbadillo. Los hermanos Heredia no fueron capturados Nadine consiguió asilo político en Brasil, mientras que, a la fecha, se desconoce el paradero de Ilan.
Durante el adelanto del fallo, Coronado determinó que las declaraciones de los testigos, quienes indicaron que Nadine Heredia acudía a la embajada de Venezuela para recibir montos de dinero en dólares dentro de maletas y/o mochilas para la campaña electoral del 2006. «Este dinero, desde nuestra perspectiva probatoria, hay una procedencia ilícita», enfatizó.
En esa misma línea, sostuvo que, durante el juicio oral que se extendió por más de tres años, se presentaron 57 testigos que negaron haber aportado a las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Asimismo, agregó que Nadine Heredia suscribió contratos falsos con la empresa Apoyo Total; esta afirmación se sustentó en el registro de los depósitos bancarios realizados a la cuenta de Heredia durante la campaña presidencial de 2006.
Del mismo modo, el juzgado determinó que el Partido Nacionalista recibió US$3 millones para la campaña presidencial de 2011. Además, los magistrados señalaron que, aunque en Brasil se anularon los procesos contra varios investigados, ello no elimina la ilicitud del dinero recibido por la organización política.
