La minera suiza Glencore tiene proyectado explotar el proyecto minero Coroccohuayco, con una inversión estimada en US$ 590 millones; que le daría un promedio de 30 años más de permanencia en Espinar, Cusco, este proyecto involucra directamente a tres comunidades: Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco. Felipe Kana, presidente de la Comunidad de Pacopata denuncia que la minera ha adquirido tierras a 65 dólares la hectárea y que las 408 hectáreas del territorio del proyecto Coroccohuayco han sido obtenido de mala fe. Pide que haya una Ley de Debida diligencia para que no se sigan vulnerando derechos, “que sea una empresa más responsable, que no afecte al medioambiente y a los ciudadanos. Nosotros ya no vamos a permitir más vulneración de nuestros derechos”, dice.
“Tres comunidades han cedido terrenos. El proyecto Coroccohuayco ha obtenido los territorios a 65 dólares la hectárea, no estoy diciendo metro cuadrado. No se le ha reubicado a las poblaciones, les han puesto en otro lado, donde no tienen las mismas condiciones para sembrar, el territorio para nosotros es nuestro sustento desde nuestros ancestros. Nosotros vivimos de nuestros territorios, es más, nosotros mantenemos a las ciudades con carne, queso, leche, todos los productos. La empresa y el Estado no han valorado eso, definitivamente no han dado esa mirada. Es lamentable que los compañeros de Pacopata, de Huini, de Huano Huano han perdido los territorios y ahora están en un conflicto”, denuncia Felipe Kana.
Ana Leyva, abogada y subdirectora de CooperAcción señala que el crecimiento de la actividad minera en Espinar ha implicado la compra de tierras de comunidades como si se tratara de predios privados y no de territorio comunal o indígena, “eso es una diferencia muy grande, porque una cosa es un predio, un espacio de suelo para cultivar y otra cosa muy distinta es un espacio vital donde una comunidad desarrolla todas sus actividades, no solamente productivas, sino también culturales, su vida en realidad”.
Leyva sostiene que se está vulnerando un conjunto de derechos colectivos que tiene que ver con identidad, cultura, e integridad del territorio, “porque también se ha ido fragmentando y ellos terminan perdiendo su control. Es decir, hay una serie de impactos que si no se identifican, no serán visibilizados ni asumidos por el responsable de ellos. Hace mucho tiempo la empresa compró tierras sin que se haya dado un proceso de reasentamiento y ahora estamos ante otra compra que implicará desplazamiento poblacional”.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) la compra de tierras a las comunidades campesinas es una estrategia de la empresa Glencore para burlar la consulta previa con el silencio cómplice del Viceministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas. Ruiz añade que durante años las comunidades campesinas de Espinar vienen denunciando el despojo de sus tierras a través de la compra irregular que solo favorece a proyectos mineros. Enfatiza que se trata de transferencias de propiedades que carecen de legalidad y de validez, pues el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas sostiene que solo se puede vender tierras de comunidades cuando 2/3 de los comuneros calificados así lo decidan.
Sin embargo, la estrategia de la empresa minera es comprar de manera individual, con ello las comunidades pierden todos sus derechos territoriales como pueblos indígenas, como el de beneficiarse de las actividades extractivas, pierden el acceso a los recursos naturales que garantizan su subsistencia. Pierden cualquier posibilidad de reclamar sus derechos, porque el territorio dejó de ser de ellos. Una población fragmentada, dispersa y sin comunidad pierde el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Ruiz señala que hay muchas modalidades para declarar irregular la compra venta de tierras de las comunidades originarias de Espinar, porque un comunero individual no tiene facultad para vender tierras. “La comunidad es la propietaria y no los comuneros individuales. El presidente no tiene la facultad de vender las tierras de las comunidades campesinas. Esa decisión solo la puede tomar la asamblea de la comunidad campesina y no la directiva. En la asamblea, solo ⅔ de los comuneros calificados pueden tomar la decisión de la venta de tierras de la comunidad”.
La explotación del proyecto Coroccohuayco va a implicar desplazamiento de población dice Ana Leyva, “este desplazamiento y reasentamiento en una nueva zona debe cumplir estándares internacionales, pero no está previsto así. El tema no ha sido discutido en el Estudio de Impacto Ambiental como debió ocurrir con la afectación de un conjunto de derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia minera. Se debió discutir también las medidas que van a ejecutar o que se piensan realizar para mitigar o compensar daños, y los comuneros debieron pronunciarse en relación a si esas medidas son idóneas o no, porque conocen su territorio, esa oportunidad no ha habido, porque lamentablemente en nuestra legislación no se exige que se determinen los impactos en los derechos colectivos, entonces las empresas si quieren lo hacen o no, y depende de que apliquen el principio de debida diligencia para que lo hagan, si quieren lo hacen, queda en su decisión, en su voluntad hacerlo o no”, dice Leyva.
“Los impactos sobre derechos colectivos deberían estar determinados y sobre eso dialogar con las comunidades. Los procesos de reasentamiento y desplazamiento deberían cumplir los estándares internacionales así no lo digan las normas peruanas, la empresa podría incluir los impactos en los derechos colectivos, lo podría hacer si quiere, y también podría discutir esos impactos y las medidas de mitigación de daños a los derechos de las comunidades afectadas. Hay cosas que no se han hecho, aunque la empresa lo pudo hacer, por eso la aplicación del principio de debida diligencia debe ser una ley vinculante, para que las empresas garanticen derechos humanos o derechos indígenas, así la ley o el Estado por su fragilidad no te lo exija”, finaliza la abogada Leyva.
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