La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso inició la audiencia evaluativa de las denuncias acumuladas contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. El proceso se centra en su presunta injerencia para la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa y el uso irregular de un vehículo oficial para fines personales. Aunque el ex-jefe del Gabinete no asistió a la sesión, estuvo representado por su abogado defensor, Hans Maycof Casachagua.
A solicitud del denunciado, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, dispuso que la sesión se desarrollara con carácter reservado, amparándose en el literal d4 del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Las denuncias constitucionales n.° 460, 462, 463 y 587 fueron impulsadas por los parlamentarios Elías Varas, Juan Burgos, Jaime Quito y la ex-fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quienes sostienen la existencia de responsabilidad política y penal en la gestión del ex-oficialista.
Cargos e imputaciones delictivas
El Ministerio Público y el bloque de congresistas denunciantes atribuyen a Otárola la presunta comisión de delitos graves en agravio del Estado, además de infracciones a la Constitución. Las imputaciones principales presentadas durante la audiencia incluyen los siguientes cargos:
- Colusión y Negociación Incompatible: Por su supuesta influencia directa en procesos de contratación pública.
- Tráfico de Influencias: Debido al presunto aprovechamiento de su alta jerarquía para beneficio de terceros.
- Peculado de Uso: Por el empleo de recursos logísticos estatales para asuntos de índole privada.
Desarrollo de la audiencia parlamentaria
La sesión contó con la participación de la parte acusadora, representada por el congresista Elías Varas y el fiscal supremo adjunto Wilfredo Rivera Baltasar, especializado en enriquecimiento ilícito. El equipo legal de Otárola inició la etapa de descargos técnicos para desestimar las pruebas que motivaron su salida del Ejecutivo. Tras esta fase, la SAC deberá elaborar un informe final que determine si el caso procede al Pleno para una eventual inhabilitación o acusación penal ante el Poder Judicial.
Acerca del autor
