La propuesta busca beneficiar a más de 4.7 millones de aportantes, pero enfrenta cuestionamientos técnicos y constitucionales.
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República busca autorizar el retiro total de los fondos aportados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), lo que podría beneficiar a más de 4.7 millones de afiliados y exaportantes que no accedieron a pensión. La iniciativa ha generado amplio debate entre economistas, constitucionalistas y gremios previsionales.
La propuesta legislativa plantea que los aportantes que no hayan accedido a pensión, no se hayan trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y no hayan recibido el Bono de Reconocimiento, puedan retirar voluntariamente el 100 % de sus aportes acumulados. El objetivo, según los autores del proyecto, es reconocer el esfuerzo de quienes contribuyeron sin recibir beneficios.
Sin embargo, expertos advierten que el sistema ONP no funciona como una cuenta individual, sino como un esquema de reparto solidario, donde los aportes actuales financian las pensiones vigentes. Por ello, no existen fondos acumulados por persona, lo que complica la viabilidad financiera y legal del retiro total.
El economista Hugo Ñopo señaló que esta medida podría desfinanciar el sistema previsional público, afectando a los actuales pensionistas y comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Además, recordó que la ONP ya enfrenta presiones por el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), voceros han expresado su preocupación por el impacto presupuestal que tendría una medida de esta magnitud, especialmente en un contexto de desaceleración económica y déficit fiscal.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también ha advertido que iniciativas similares vulneran el principio de solidaridad intergeneracional y podrían generar expectativas irreales entre los aportantes.
En paralelo, otros proyectos de ley proponen retiros parciales de hasta 2 o 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 10,300 y S/ 20,600 respectivamente, como medida extraordinaria para afrontar la crisis económica.
La iniciativa será evaluada por la Comisión de Economía del Congreso, donde se espera la participación de representantes del Ejecutivo, gremios previsionales y expertos constitucionales. El debate incluirá aspectos como la fuente de financiamiento, la constitucionalidad del retiro y el impacto en la seguridad social.
Mientras tanto, colectivos de exaportantes han iniciado campañas en redes sociales exigiendo la devolución de sus aportes, argumentando que el sistema actual no garantiza retorno ni cobertura para quienes no alcanzan los requisitos de jubilación.
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