Empresa proveedora exige pago tras casi una década de incumplimiento por parte del Legislativo en proyecto tecnológico.
Lo que inició en 2018 como una ambiciosa modernización tecnológica para ampliar la señal televisiva del Congreso de la República se ha transformado en un severo conflicto legal que hoy pone al Parlamento bajo la amenaza de un embargo.
Un informe de Cuarto Poder reveló que una inversión pública de casi dos millones de soles destinada a una estación satelital terminó en el abandono, con equipos convertidos en «chatarra tecnológica» sobre el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre debido a graves fallas de planificación administrativa y técnica.
Negligencia técnica y restricciones urbanísticas
El proyecto, impulsado durante la gestión de Daniel Salaverry, pretendía instalar una antena de 7.3 metros para transmitir las sesiones legislativas a nivel continental. Sin embargo, el plan ignoró que el tamaño y peso de la estructura violaban las normas de protección del Centro Histórico de Lima, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En junio de 2019, el Ministerio de Cultura denegó formalmente los permisos, paralizando la obra y dejando la infraestructura principal desmantelada y expuesta al deterioro en plena Plaza Bolívar.
Litigio judicial y falta de voluntad política
Pese a los intentos fallidos por reubicar las antenas en distritos como Ancón o el Cercado de Lima, el Congreso optó por resolver el contrato en 2021, lo que desencadenó un arbitraje que el Parlamento perdió. En marzo de 2025, el Poder Judicial ratificó que el Legislativo debe saldar la deuda acumulada con la empresa Río Pacífico S.A.C., confirmando que la responsabilidad de la paralización recayó en las especificaciones técnicas deficientes elaboradas por la propia institución.
Crisis actual y amenaza de embargo
A siete años del inicio del contrato, la empresa proveedora denuncia un absoluto hermetismo institucional y la falta de pago de los servicios ejecutados.
Ante el desacato de las sentencias judiciales por parte del Parlamento, los representantes legales de Río Pacífico S.A.C. han anunciado que evalúan solicitar el embargo de las cuentas bancarias del Congreso.
Esta situación, calificada como un escándalo de gestión de recursos públicos, evidencia una cadena de errores que hasta la fecha no ha determinado responsables políticos ni administrativos por el perjuicio económico causado al Estado.
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