La Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de la República, encargada de estructurar los lineamientos estratégicos contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, aprobó por unanimidad su informe final de gestión.
El grupo de trabajo -bajo la presidencia de la legisladora Magaly Santisteban (Fuerza Popular)- determinó técnicamente que la confluencia de estas economías ilegales representa una amenaza asimétrica, dinámica y compleja que afecta directamente la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones públicas, el crecimiento económico y la gobernabilidad democrática.
El documento advierte que, a pesar de los esfuerzos operativos desplegados por los órganos de justicia y las fuerzas del orden, el Estado peruano arrastra brechas normativas, tecnológicas y logísticas que restan eficacia a las tareas de inteligencia penal y prevención del delito.
Identificación de brechas tácticas en el control de fronteras y flujos financieros
Tras realizar un diagnóstico integral, la comisión parlamentaria localizó vulnerabilidades críticas concentradas en tres ejes estratégicos: la permeabilidad del control y vigilancia fronteriza, la obsolescencia tecnológica en los sistemas de investigación criminal de la Policía Nacional y la debilidad de los mecanismos de inteligencia financiera para bloquear los flujos de dinero ilícito que sostienen a las organizaciones delictivas.
Para subsanar estas debilidades, el dictamen recomienda potenciar de forma urgente la interoperabilidad y el cruce de datos en tiempo real entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Asimismo, se plantea flexibilizar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria para optimizar los procesos de extinción de dominio y desarticular los brazos logísticos de los remanentes subversivos y mafias transnacionales.
Metodología de fiscalización y visitas técnicas en zonas de alta conflictividad
La sustentación del informe final recopila el resultado de una agenda descentralizada orientada a la sistematización de datos de inteligencia estratégica y doctrina de seguridad nacional. Durante el periodo de investigación, el equipo parlamentario condujo mesas técnicas bilaterales, audiencias con expertos en geopolítica y visitas de fiscalización in situ a complejos de control fronterizo, dependencias policiales especializadas, centrales de monitoreo, bases militares e instalaciones del sistema de inteligencia del Estado.
La congresista Santisteban enfatizó que las conclusiones y recomendaciones del documento servirán como base legislativa para la actualización del marco penal vigente, dotando al Poder Ejecutivo de herramientas reactivas modernas destinadas a salvaguardar el orden interno y la integridad territorial.
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