Con 87 votos a favor, 8 en contra y 17 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de varios proyectos de ley que proponen proteger de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Enseguida fue exonerada de segunda votación con 90 votos a favor.
Fue en la sesión virtual que se realizó el miércoles 30, conducida por la vicepresidenta del Parlamento Nacional, Matilde Fernández Florez.
Antes, la legisladora dijo que por tratarse de un dictamen que modifica la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú y la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas.
La sustentación del dictamen estuvo a cargo del congresista Johan Flores Villegas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Precisó que la propuesta no afectará a las cajas municipales, porque las tasas de interés que cobran las cajas son mayores a lo que cobran la banca múltiple y -subrayó- que ayudará a dar mayor financiamiento a las microempresas que representan más del 90 % de la economía del país y por ello –dijo- no se puede discriminar y retirarla de la ley.
“Esta ley beneficia a todos, no solo a las familias que tienen créditos de consumo, sino también a las microempresas que pagan elevadas tasas de interés -y peor aún- que en la pandemia han sido seriamente afectadas”, dijo el legislador.
Además, puntualizó que la propuesta busca corregir los excesos en los cobros de las tasas de intereses. “Esas altas tasas también afectan a las microempresas, que representa más del 80 % de nuestra economía. Muchas mypes han quebrado, están endeudadas y hay que reactivarlas. Asimismo, hay que tener en cuenta que Congreso no fijará las tasas, quien lo hará es el Banco Central de Reserva, que es una institución técnica y seria que garantizará que ninguna empresa financiera ni caja municipal quiebre o tenga pérdidas, pero corregirá los excesos y las elevadas tasas sin límites y los enormes costos financieros”, señaló.
Durante el debate el congresista José Luna Morales (PP) consideró positivo que la propuesta no diga tasas y que sea el BCR el ente orgánico técnico, que pueda fijar las tasas. “Lo que se busca es que se limite y se penalice la usura que no está penalizada”, agregó.
Por su parte, Rubén Pantoja (UPP) observó que “ha llegado el momento de ponerle un alto a las tasas abusivas que impiden que el pequeño inversor pueda salir adelante mejorando sus servicios”, al tiempo de subrayar que “esto no es populismo”.
A su turno, Moisés Gonzales Cruz (NoA) planteó que se consideren los mecanismos para su estricto cumplimiento. “La propuesta legislativa debería poner topes, tiene que ser fiscalizada para su entera aplicación”, agregó.
Carmen Núñez Marreros (Frepap) rechazó que las financieras y los bancos adopten posiciones usureras -por lo que dijo- es necesario que el Estado controle como mediador para que no se aprovechen de esta situación.
A su turno, Robinson Gupioc (PP) dijo que “nosotros no somos enemigos de las empresas ni del sistema actual, pero sí rechazamos el abuso, venga de donde venga, de cualquier grupo de poder”.
Wilmer Bajonero (AP) opinó que el BCR debe de realizar un trabajo de campo, un trabajo técnico y buscar un punto de equilibrio para que la población sea la beneficiada. “Acá no hay que preocuparnos por las pequeñas o medianas empresas, porque ellos siempre han tenido tasas preferenciales”.
Con ello coincidió su colega Daniel Olivares (PM): “Las empresas grandes y medianas no necesitan una ayuda en lo que es interés, porque ellos ya acceden a intereses bajos, quienes si lo necesitan son los ciudadanos que tiene deudas bancarias, préstamos, créditos de consumo, ellos sí lo necesitan”, dijo.
“¿Por qué excluir al emprendedor, que mueve el 75 % de la economía del país y que se han reinventado a pesar de la crisis económica?”, preguntó el congresista Aron Espinoza (PP).
¿Qué dice la propuesta?
Entre las disposiciones principales que plantea el texto aprobado, se modifica el artículo 52 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, en los siguientes términos:
“El Banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del Sistema Financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas de interés máximas que fije para ello en ejercicio de sus atribuciones. El Banco tiene la facultad de fijar tasas de intereses máximos y mínimos, en forma semestral, con el propósito de regular el mercado, dicha competencia no puede ser delegada a otra entidad”.
Además, precisa que las tasas de interés activas máximas fijadas serán exclusivamente para las operaciones de crédito referidas en el literal c) del inciso 3) del artículo 221 de la Ley 26702.
Las tasas de interés activas cobradas por encima de ese límite serán consideradas tasas de interés de usura y tipificadas como un delito, siendo de aplicación el artículo 214 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 635.
Así mismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Pensiones vigilará y supervisará el cumplimiento de las tasas máximas, por lo que procederá a sancionar y denunciar, ante el órgano competente, a las entidades financieras que excedan dicho límite, de acuerdo a sus atribuciones.
La norma aprobada también establece, a través de disposiciones complementarias finales, un tratamiento de clientes con dificultades temporales para el pago de créditos en el marco de una declaratoria de estado de emergencia, la devolución de seguro de desgravamen, la entrega de certificados de no adeudo y levantamiento de hipoteca, la eliminación de la comisión interplaza y del cobro de la comisión de membresía.
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