La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos confirmó que la exmagistrada Flor de María Enma Maita Luna fue condenada a siete años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo específico.
La exfiscal del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos fue detenida en setiembre del año pasado, tras permanecer más de 24 años en la clandestinidad.
Durante el gobierno Fujimorista, Maita Luna se desempeñó como fiscal superior provisional especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas.
Según la acusación, sustentada en audiencia por el fiscal adjunto supremo Iván Vladimir Melgar Cáceres, la sentenciada solicitó y aceptó dinero del entonces asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, a cambio de actuar según el interés del régimen fujimontesinista en casos que eran de su competencia.
Como se recuerda, la cuestionada exmagistrada fue la fiscal ad hoc en la mega investigación a la principal organización de traficantes de cocaína en los años 90 en el Perú, el clan Los Norteños.
Luego de su detención, en una audiencia judicial ante el juez supremo de investigación preparatoria Edhin Campos Barranzuela, Maita Luna, actualmente de 70 años, declaró que durante todos estos años permaneció en su casa, sin ocultarse, y que siempre esperó que la policía fuera a detenerla, pero que nunca fueron por ella. Además, negó haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos y el SIN.
En los años 90, Flor de María Maita fue una super fiscal. Una de las más importantes integrantes de la red de fiscales ad hoc de Blanca Nélida Colán. Además, como fiscal especializada en tráfico ilícito de drogas formó parte de la red de magistrados que “coordinaba” el ex juez supremo, “El Chino” Alejandro Rodríguez Medrano.
Tras caer el régimen y la renuncia de Colán al Ministerio Público, Maita Luna cerró su despacho y no volvió a ser vista, hasta el 10 de setiembre del 2025, cuando fue detenida.
El 5 de julio de 2002, el Poder Judicial había emitido órdenes de búsqueda, ubicación y captura a nivel nacional e internacional en su contra. Desde el 2005 tenía la condición de reo contumaz en sus procesos, como presunta integrante de la red de magistrados del régimen Fujimori-Montesinos. Una condición jurídica que impide que los procesos en su contra prescriban.
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