Foto: Andina
Mender Pizango Dahua y Sinddy Patricia Rojas Fatama, en calidad de autores mediatos, y Carlos Enrique Camacho Sánchez, como cómplice primario, fueron condenados a la pena de cadena perpetua al ser hallados responsables del delito de sicariato y de ser los autores del asesinato del exfiscal superior Fermín Alberto Caro Rodríguez.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto emitió su sentencia en el proceso seguido por el asesinato del exfiscal superior de San Martín, Fermín Alberto Caro Rodríguez, informó el Poder Judicial que calificó este crimen como uno de los casos más emblemáticos contra el crimen organizado en la región.
En la sentencia se acreditó la responsabilidad penal de los sentenciados en el atentado que acabó con la vida del exmagistrado.
El fallo fue adoptado por unanimidad por el colegiado integrado por los magistrados Carlos Enrique Vásquez Torres (presidente), Amstrom James Delgado Huamán (juez integrante) y Bernavé Rabanal Oyarce (director de debates), luego de un prolongado juicio oral que permitió reconstruir los hechos y determinar la participación de los sentenciados.
Como se recuerda, el fiscal superior de San Martín, Fermín Alberto Caro Rodríguez, fue asesinado el sábado 26 de noviembre de 2016 en la ciudad de Moyobamba. El magistrado fue acribillado a tiros en la puerta de su domicilio mientras ingresaba con su vehículo, recibiendo impactos en la cabeza, abdomen y pierna, en un ataque perpetrado bajo la modalidad de sicariato que generó profunda conmoción en la región y en el sistema de justicia.
De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen fue planificado y ejecutado por integrantes de la organización criminal denominada “Los Indeseables del Alto Mayo”, como resultado de disputas económicas vinculadas a la administración de un establecimiento nocturno en Moyobamba, evidenciando un móvil de carácter económico y una estructura delictiva organizada.
En su decisión, el colegiado también dispuso absolver a los acusados del delito de organización criminal. Asimismo, absolvió a Mender Pizango Dahua y Sinddy Patricia Rojas Fatama del delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato en agravio de Alicia Giovanna Bellido Arredondo. De igual modo, Flor de María Galoc Rojas fue absuelta del delito contra la seguridad pública relacionado con la tenencia de armas.
No obstante, el tribunal condenó adicionalmente a Mender Pizango Dahua a seis años de pena privativa de libertad por el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, sanción que queda subsumida en la pena principal de cadena perpetua.
Respecto a la ejecución de la sentencia, se dispuso que, en el caso de los sentenciados que actualmente se encuentran en libertad, la pena no se ejecute provisionalmente hasta que la resolución quede firme. Sin embargo, se les impuso estrictas reglas de conducta, entre ellas, la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia, la obligación de comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y el pago de una caución económica de S/ 5,000.
En cuanto a Carlos Enrique Camacho Sánchez, el colegiado ordenó la ejecución provisional inmediata de la sentencia, disponiendo su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Asimismo, se fijó en S/ 50,000 el monto de la reparación civil que deberá ser abonado de manera solidaria por los sentenciados a favor de los herederos de la víctima, así como el pago adicional de S/ 2,000 a favor del Estado por el delito vinculado al uso de armas de fuego.
La sentencia también establece la inhabilitación definitiva de los condenados para obtener o renovar licencia de uso de armas, el pago de las costas procesales y la remisión del expediente para su ejecución una vez que la decisión quede consentida o ejecutoriada.
Por último, la Corte Superior de San Martín resaltó que este fallo marca un precedente en la lucha contra la criminalidad organizada en la región San Martín, al imponer la máxima sanción penal en un caso que atentó directamente contra un representante del sistema de justicia, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la legalidad, la sanción efectiva del delito y la lucha contra la impunidad.
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