La Comisión de Ética del Congreso ha declarado procedente, por mayoría, la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial de Concertación Nacional). La investigación se inicia por la presunta contratación de familiares en su despacho parlamentario, lo que constituiría una falta al Código de Ética Parlamentaria y su Reglamento.
El informe de calificación, aprobado con 11 votos a favor y 2 abstenciones, durante la sesión presidida por el congresista Alex Paredes (BMCN), señala que existen «suficientes elementos de convicción que ameritan pasar a la etapa de investigación». El objetivo es determinar si las acciones de Vásquez Vela infringieron las normas éticas del Parlamento.
La denuncia se sustenta en un reportaje periodístico que atribuye a la legisladora la presunta contratación de tres familiares como personal de confianza. Uno de ellos, incluso, se habría presentado como personal del Congreso ante diversas instituciones. Adicionalmente, extrabajadores han denunciado supuestos requerimientos de dinero para realizar donaciones a nombre de la congresista.
Otras decisiones de la Comisión de Ética
En la misma sesión, la comisión también tomó otras decisiones importantes:
- Denuncias improcedentes: Por mayoría, se aprobó declarar improcedente y archivar la denuncia contra el congresista Luis Aragón Carreño (Acción Popular), quien era acusado de intentar modificar los estatutos internos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. De igual manera, se rechazó de plano, también por mayoría, la denuncia contra el congresista José Elías Ávalos (Alianza para el Progreso), por presuntamente proferir expresiones ofensivas contra el prócer José Bernardo Alcedo y sus descendientes. La comisión también reconsideró y archivó una denuncia de oficio contra el congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) por expresar frases discriminatorias contra la mujer.
- Denuncia infundada: Los miembros de la comisión aprobaron por mayoría el informe final que declara infundada la denuncia contra el congresista Edwin Martínez Talavera (Acción Popular). Se le acusaba de haberse comunicado con la procuradora pública de la Municipalidad Provincial de Camaná para interceder en un desalojo. El informe concluye que la comunicación no fue de carácter imperativo ni coercitivo, ni solicitó beneficiar a una persona en particular, un hecho corroborado por la propia funcionaria.
