La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado avanzó este sábado 10 de octubre con la evaluación de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, iniciativa orientada a delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y de mitigación del fenómeno El Niño.
El presidente del grupo de trabajo, senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), anunció que la sesión se reanudará el miércoles 14 de octubre a las 10:00 horas, tras escuchar las sustentaciones técnicas de los ministros de las carteras del Interior, Justicia, Defensa y Vivienda.
Sustentación ministerial y posturas sobre seguridad ciudadana
Durante la jornada, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, expuso los planes de reestructuración policial y la puesta en marcha de un comando unificado nacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
A su turno, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, detalló las propuestas para fortalecer el sistema penitenciario, endurecer el control de las comunicaciones desde los penales y regular la libertad vigilada postpenitenciaria, además de precisar los alcances normativos sobre la legítima defensa y el delito de terrorismo con fines de lucro.
Por parte de la bancada de Fuerza Popular, los senadores Alejandro Aguinaga Recuenco y Héctor Ventura Ángel respaldaron las reformas judiciales y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional dentro de los límites constitucionales, mientras que parlamentarios como Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación), Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) e Iber Maraví Olarte hicieron hincapié en la necesidad de una reforma policial integral sin vulnerar derechos fundamentales ni el derecho a la protesta.
Infraestructura, prevención de desastres y deslinde sobre privatizaciones
En el ámbito de la gestión del riesgo y servicios básicos, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, justificó la ampliación del concepto de grupos hostiles para combatir a organizaciones delictivas con control territorial en zonas como el Vraem. En paralelo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, informó que seis de las doce medidas solicitadas fueron aprobadas previamente por la Cámara de Diputados y solicitó la ampliación de facultades para acelerar obras de agua potable, destrabar proyectos paralizados y reestructurar Sedapal, garantizando que el proceso no implicará la privatización de la empresa estatal.
Ante ello, senadoras como Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), Katherine Ampuero Meza (Renovación Popular) y Patricia Iturregui Byrne (Partido del Buen Gobierno) exigieron mayor rigor técnico-legislativo, claridad sobre los costos y cobertura de los subsidios sociales, y una delimitación precisa del marco normativo respecto a lo aprobado por la Cámara Baja.
Acerca del autor
