La Fiscalía detalló que la red criminal captaba a ciudadanos nacionales prometiendo sueldos de 2.300 dólares, bonos de 20.000 dólares al año y la obtención de la ciudadanía rusa.
El Poder Judicial impuso 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, imputado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte por la captación e intermediación en el traslado internacional de cuatro ciudadanos peruanos hacia la Federación de Rusia.
Según la investigación fiscal a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat, el caso involucra el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral, dentro del cual figura entre los agraviados Julio Salazar, quien falleció durante las circunstancias del viaje tras haberse ofrecido contrataciones para laborar como personal de seguridad en instalaciones militares.
Red de captación y ofertas económicas engañosas
La hipótesis del Ministerio Público señala que el procesado habría coordinado, financiado y facilitado el transporte internacional de las víctimas durante marzo de 2026. Para convencer a los postulantes, la red ofrecía condiciones económicas compuestas por un sueldo mensual de 2.300 dólares, un bono de 20.000 dólares al cumplir un año de servicio y el trámite de la nacionalidad rusa. Las investigaciones buscan esclarecer el grado de distorsión entre las ofertas laborales presentadas y las condiciones reales impuestas a los connacionales.
Allanamientos y sustento de la medida restrictiva
La orden judicial responde al requerimiento sustentado por el Ministerio Público tras recopilar elementos de convicción durante los allanamientos a dos inmuebles vinculados a Pinto en el distrito de Comas, ejecutados el 1 de octubre.
En el operativo participaron efectivos de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM) de la Policía Nacional con apoyo de la organización Aerial Recovery. La medida coercitiva busca asegurar la presencia del imputado mientras el despacho fiscal consolida las diligencias para determinar responsabilidades penales.
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