La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la sentencia condenatoria de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), tras hallarlo penalmente responsable de la creación y financiamiento del grupo paramilitar conocido como ‘Los doce apóstoles’.
El máximo tribunal de justicia desestimó los recursos de casación y confirmó de forma definitiva el fallo emitido originalmente el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia. La resolución judicial atribuye a Uribe Vélez la coautoría en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, tipificados bajo la condición jurídica de delitos de lesa humanidad, por lo que la corte precisó que contra esta disposición no procede recurso legal alguno.
Tras la difusión del dictamen técnico, el ex-mandatario Álvaro Uribe Vélez empleó sus canales oficiales en redes sociales para expresar su postura, calificando el desenlace judicial de «devastador» para su entorno cercano.
«El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia», manifestó el ex-presidente en un mensaje publicado en la plataforma X.
Fundamentos del fallo judicial y nexos con el paramilitarismo
El expediente de la Corte Suprema determinó que Santiago Uribe participó activamente en la estructura orgánica de ‘Los doce apóstoles’, una facción paramilitar que operaba a inicios de la década de 1990 en el municipio de Yarumal, dentro del departamento de Antioquia.
Asimismo, el tribunal validó las pruebas que vinculan directamente al sentenciado con el asesinato del ciudadano Camilo Barrientos, un homicidio perpetrado en dicha jurisdicción en el año 1994 como parte de las acciones de control territorial y de violencia sistemática ejecutadas por la referida organización delictiva.
Estrategia de la defensa y el contexto legal de la familia Uribe
La representación legal del ganadero estuvo a cargo del abogado penalista Jaime Granados, quien también ejerce la defensa técnica del expresidente Uribe en sus respectivas causas judiciales. A lo largo del proceso, el equipo de defensa argumentó de manera reiterada la supuesta existencia de testigos falsos, vicios procesales y presiones mediáticas orientadas a inducir el sentido del fallo.
Esta ratificación judicial se produce en un escenario complejo para la familia del exmandatario, quien a su vez registra denuncias previas ante las autoridades competentes por presuntos vínculos con estructuras paramilitares durante su gestión como gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997), incluyendo investigaciones preliminares que lo relacionan de forma indirecta con la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, donde perdieron la vida 17 campesinos.
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