La forma de producir, acumular poder y recursos está en plena mutación. Los estados latinoamericanos quedan entrampados, muchas veces por decisiones de los propios gobiernos, en las condiciones jurídicas y legales que encierran los tratados de libre comercio.
Hay un nuevo paradigma para la agricultura. Desde sus orígenes, la actividad principal, en su sentido más amplio ha sido la producción de alimentos. Sin embargo, gracias a la disponibilidad de la biotecnología y la ingeniería genética para la agricultura, no sólo se producen alimentos sino combustibles como el etanol o biodiesel a partir de recursos como pueden ser los cereales y oleaginosas que tradicionalmente tenían una función alimenticia.
Con el objetivo de producir alimentos, la ingeniería genética ha permitido: a) disminuir el tiempo para producir una nueva variedad cuando ya se tiene aislado el gen que se utilizará para la transformación, b) incorporar únicamente genes deseables y no de todo el genoma, como ocurre en el mejoramiento genético convencional y c) utilizar cualquier gen que exista en la naturaleza para incorporarlo al genoma de la célula huésped y conferir habilidades que no tenía el vegetal en condiciones naturales.
La semilla juega un papel estratégico para la producción y el desarrollo latinoamericano y mundial, ya que es el primer eslabón de cualquier cadena productiva, por lo que su posesión, producción y comercialización garantiza la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario exitoso.
Cada semilla que se siembra tiene alguna intervención tecnológica y quién controla ese desarrollo, incide también en los demás eslabones de la producción primaria y por lo tanto del resto de la cadena de valor. Así, el desarrollo de la genética pone en juego el control de la cadena productiva, su régimen regulatorio y de propiedad.
El aumento de la producción en gran escala mediante el uso del llamado paquete tecnológico (híbridos-siembra directa-agroquímicos-fertilizantes) produjo la ampliación de la frontera agrícola, el reemplazo de la ganadería por la agricultura, la industrialización de la producción agraria, la disminución de productores y el aumento de la superficie mínima requerida para hacer rentable la producción, con la consecuente concentración en la apropiación de la riqueza que la producción agraria genera.
Según el documento “La agricultura del mundo frente al 2015-30”, elaborado por la FAO -Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-, la biotecnología promete ser un medio para mejorar la seguridad alimentaria y reducir las presiones sobre el medio ambiente, siempre que se aborden los peligros medioambientales.
Las variedades modificadas genéticamente (resistentes a la sequía, anegamiento, acidez del suelo, salinidad y temperaturas extremas) podrían ayudar a conseguir un cultivo sostenible en zonas marginales y a recuperar tierras empobrecidas para la producción. Por su parte, las variedades resistentes a los insectos dañinos pueden reducir la necesidad de utilizar plaguicidas.
Sin embargo, el uso general de variedades modificadas genéticamente dependerá de la capacidad que tengan los países de abordar preocupaciones en cuanto a la inocuidad de estas variedades respecto de los alimentos y el medioambiente. De hecho, su difusión en los últimos años, al menos en los países desarrollados, se ha reducido, como consecuencia de estas preocupaciones.
Han surgido otras tecnologías prometedoras que combinan el incremento de la producción con una mayor protección medioambiental. Éstas incluyen la agricultura sin labranza o de conservación, y los enfoques de menos insumos de la gestión de plagas o de nutrientes integrada y la agricultura orgánica.
Lo cierto es que el avance de la biotecnología y la ingeniería genética, trae debates acerca del patentamiento de estos “conocimientos” sumado a cuestiones básicas como la salud, la alimentación y la vida. A la hora de discutir la propiedad intelectual, los derechos sociales se subordinan a los intereses de las grandes corporaciones que son, en definitiva, las “grandes controladoras” de los eslabones estratégicos de las cadenas de valor global. Aquí surge la importancia de la propiedad intelectual, ya que es el instrumento que permite a las megacorporaciones trasnacionales el dominio y control de todo sistema económico surgido en torno a estas nuevas tecnologías.
Mediante los ahorros obtenidos por el recorte de los costos de producción, las compañías trasnacionales apuestan a aumentar las inversiones de capital, y en especial los gastos en inversión y desarrollo (I&D) científica y tecnológica, cuya magnitud (exigencias de capitalización) se ha más que duplicado en los últimos 20 años. La lógica económica que fundamenta la última ola de compras y fusiones empresariales es disminuir los costos de producción mediante un aumento de la escala y un alza sistemática de la eficiencia.
La industria agroalimentaria destina en la actualidad una parte creciente de sus inversiones de capital a la compra de start ups agrícolas de alta tecnología, que encabezan el proceso de innovación del sector agroindustrial y se caracterizan por su extraordinaria capacidad disruptiva (la aptitud para la “destrucción creadora”). Monsanto y Syngenta destinaron el año pasado más de 25% de sus inversiones de capital a la compra de alta tecnología, frente al 7% que alcanzaron en 2016. Este año esa pauta se elevaría a más del 50% del total de sus gastos de capital.
Este desplazamiento necesita de cambios institucionales para responder a la demanda que implica la presencia creciente de nuevos agentes económicos como por ejemplo la fuerte visibilidad de los proveedores de paquetes tecnológicos, dedicados a la química y/o la industria farmacéutica); formas de relacionamiento (los contratos de aprovisionamiento que exceden largamente el tema precio y cantidad); instrumentos legales (como los derechos de propiedad intelectual aplicados a los seres vivos) y marcos regulatorios (convenios de biodiversidad, normas de bioética, legislaciones sobre prácticas desleales de comercio a escala global, etc.) distintos a los preexistentes.
Esto obliga a los agentes implicados en la producción de activos de conocimiento a desarrollar estrategias específicas para convertir esa ventaja productiva en renta económica. Una vía es el establecimiento de condiciones monopólicas “de hecho” tales como el secreto industrial y el desarrollo de marca.
Otra, la creación de condiciones de apropiación de naturaleza institucional y aquellos instrumentos de carácter legal, asociadas con el establecimiento de derechos de propiedad intelectual. Pero también, aparece como estrategia la vía del establecimiento de las condiciones de gobernanza internas a la cadena de producción: a la capacidad de una empresa de construir, mantener y desarrollar redes que regulan el acceso al conocimiento.
Aún quedan oportunidades para el debate respecto al manejo y aplicación de los procesos biotecnológicos. Será desafío de los Estados, sus organizaciones sociales y civiles poder llevar adelante estas discusiones. Lo que está en juego es nada más y nada menos que la posibilidad de los pueblos a acceder a una alimentación variada y sana, a precios que los salarios actuales (también definidos por el poder de presión de grandes corporaciones en el marco de un sistema económico financiarizado) puedan costear.
* Centro Latinoamericano de Investigación, Innovación y Desarrollo Agrario (CLIIDA), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Por CLIIDA
(Fuente: Nodal)
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