Los daños causados a una escultura emblemática frente al Bellas Artes desataron la ira de algunos y las explicaciones de otros. Finalmente, ¿quién se hace cargo de las obras y monumentos en la vía pública? Autoridades y artistas coinciden en que la ley está obsoleta y en que no todo se puede dejar a las arcas municipales.
Pasa todos los días: el fierro de esculturas se corroe con la lluvia, la pintura de una pieza se descascara con el sol y una pieza amanece rayada con un grafiti. En los peores casos, un temblor o un vehículo, en una pésima maniobra y descuido, echa abajo parte de su estructura. Como sea, cada cierto tiempo, por razones atmosféricas, geológicas o humanas, vuelve al alero público el caso de una obra o monumento dañado sobre el cual hacerse cargo.
Casos emblemáticos no faltan. Pasó con el terremoto de 2010 que literalmente partió en dos la obra La Victoria, una escultura de 1873 realizada por el francés León Cugnot en homenaje a la Guerra del Pacífico, y que tras cuatro años volvió restaurada a Talca, su emplazamiento de origen. Pasó en 2014 con el monumento al general René Schneider, erigido en 1971 -un año después de su asesinato- por el escultor chileno Carlos Ortúzar en la rotonda Kennedy: son dos grandes prismas verticales de acero, actualmente deteriorado por la construcción de la nueva autopista concesionada de Las Condes. Y pasó también el domingo, con el caso de la escultura Ícaro y Dédalo de la artista Rebeca Matte: hoy está al centro de la polémica luego de que una grúa que trabajaba para la carrera de automóviles Fórmula E la embistiera fuertemente en las afueras de la fachada del Museo Bellas Artes de Santiago, donde se encuentra emplazada desde 1930.
“Hay tres grandes daños que identifico en la estructura”, explica Luis Montes, escultor y restaurador colaborador del museo. “Los primeros dos son los más visibles: un desgarro en una de las alas (…) y un desprendimiento en el pie, que tiene un corte limpio porque es parte de la juntura de la pieza”. Y añade: “También hay daños en la piedra base donde está posada la obra. Habrá que estudiar si hay que hacer una restitución volumétrica con el mismo tipo de piedra, pero dada su antigüedad, es difícil porque no se sabe con exactitud su origen”.
Al respecto, Ignacio Szmulewicz, coordinador del Centro de Documentación de Artes Visuales (CEDOC) del Centro La Moneda y editor de Arte, ciudad y esfera pública en Chile, opina: “Cosas como esas deberían estar penadas por ley (…). Es evidente que la defensa del patrimonio en Chile es algo que cuesta mucho y es bastante complejo: existen pocos recursos tanto legales y económicos como de fiscalización para saber exactamente lo que se está cuidando y no”.
Además del caso de la escultura de Rebeca Matte, hay otra obra pública que eventualmente podría ser barrida del mapa y es síntoma de la poca atención que se le da a los monumentos nacionales: se planifica una explanada que terminaría tapando parte del mosaico que los artistas Enrique Martínez Bonati, Carlos Ortúzar e Iván Vidal crearon en 1971 para el paso bajo nivel Santa Lucía, una obra icónica del arte cinético en el país.
Actualmente hay dos grandes organismos preocupados de la creación y resguardo del arte público en Chile. Uno de ellos es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dependiente del Ministerio de Educación, que desde 1925 hasta hoy se ha preocupado de la protección y tuición de 516 monumentos públicos.
El otro organismo es la Comisión Nemesio Antúnez (CNA) -perteneciente al Ministerio de Obras Públicas- a cargo desde 1994 de la incorporación de obras de arte en la ciudad. A la fecha contabilizan 200 obras, realizadas a través de convocatorias abiertas o invitaciones, en distintas regiones del país.
“Tenemos obras de grandes exponentes como Roberto Matta en el metro Quinta Normal y Alfredo Jaar en el Museo de la Memoria”, explica Alicia Alarcón, secretaria ejecutiva de la Comisión, y jefa del Departamento de Obras y Artes de la Dirección de Arquitectura del MOP. Y agrega: “Pero también hay obras como la que hizo la artista Alicia Villarreal con la comunidad escolar de un liceo en Renaico, por ejemplo. Es decir, obras significativas porque hubo un encuentro con las personas de ese lugar”.
Financiamiento y fiscalización
Mientras en otros países de Latinoamérica como Argentina y Brasil, el término arte público está fuertemente establecido en la cultura, en el caso de Chile arte público y ciudad es una dupla aún en ciernes. Varias son las causas. Una de las principales es la falta de actualización de los organismos. El Consejo de Monumentos, por ejemplo, se rige por la Ley N° 17.288 que data de 1970, que en muchos aspectos no se ajusta a la realidad de hoy: no considera fondos para la restauración de las obras y solo extraordinariamente dedica dinero en casos de emergencia. Al respecto, desde el CMN explican: “Hemos abogado históricamente por una modificación a la ley que contemple alguna modalidad o línea de financiamiento para propietarios de bienes de Monumentos Nacionales, de forma tal que permita abordar eventuales daños en obras patrimoniales (…) y que esto no signifique una sobrecarga para sus propietarios”.
En una línea similar, si bien la Comisión Nemesio Antúnez dedica anualmente un promedio de $272 millones de inversión para la creación de obras, no tiene un mecanismo de financiamiento permamnente para sus respectivas restauraciones. “No tenemos un promedio anual, pero hemos hecho dos o tres grandes programas (…). En 2009, restauramos 17 obras originales pertenecientes al edificio de la ex UNCTAD III, hoy GAM. Ahora estamos justamente restaurando otras seis del centro”.
Cabe destacar que MetroArte de Santiago también se ha preocupado de integrar obras en sus estaciones: han instalado un total de 38 a la fecha. Pero, aún cuando aclaran que se hacen cargo de su mantenimiento, respecto a su financiación, Javier Pinto, director, cuenta: “Los costos de creación corren por parte del artista y su empresa auspiciadora. Nosotros operamos a través de la ley de donaciones culturales. El apoyo que hacemos es definir el espacio y entregarlo sin costo”.
Lo cierto es que la fiscalización y mantención de obras y monumentos está en tierra de nadie: simplemente queda a criterio de quien quiera velar por su buen estado. “Hay peticiones a nivel de partes, donde los responsables de un memorial, por ejemplo, pueden pedir una subvención a la municipalidad y también contar con aportes de privados”, explica Marcelo Fierro, presidente de la Comisión de Cultura de la Asociación de Municipalidades y concejal por Peñalolén. Y aclara que, pese a que todos los bienes de uso público son administrados por los respectivos municipios, “no recibimos dineros del gobierno central para poder mantener y resguardar las obras de arte públicas. Nosotros debemos velar por ellas”.
Para el escritor y filósofo de la Universidad de Chile, Sergio Rojas, las escasas políticas respecto al arte y monumentos en el espacio público expresan en buena medida la conciencia y opinión que existe al respecto. “Se transforman rápidamente en simples puntos de referencia espaciales”, explica. “Atribuyo en parte esta falta de conciencia del espacio que habitamos a la herencia de una mentalidad colonizada, que nos hace sentir que habitamos en un territorio que, más allá de la propiedad privada, me es ajeno”.
El ministro de Cultura, Ernesto Ottone, en tanto, opina: “Claramente (el arte público) es un tremendo desafío para quienes planifican la ciudad, entendiendo este de manera orgánica, democrática e integrada. La única forma de lograr eso es ampliando la mirada sobre la planificación urbana, haciéndola más transversal e, incluso, participativa. Hay localidades que sí implementan ese trazado (…), pero todavía la discusión en cuanto al rol del arte en la esfera pública está iniciando su camino”.
(Por Francisca Gabler)
(Fuente: Nodal)
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